Tras la inversión de más de 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas para la educación, Plena Inclusión solicita una mayor atención a los alumnos con necesidades especiales. «Resulta imprescindible que la propuesta sea coherente con la nueva Ley Educativa y que respalde con fondos la inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales», señala el presidente de Plena Inclusión. La organización recuerda que el 80% del alumnado con NEE estudia en colegios ordinarios.
Plena inclusión ha reaccionado a la decisión tomada por el Consejo de Ministros que dota con 1.185 millones de euros las políticas educativas que van a desarrollar las comunidades autónomas. La confederación que agrupa a 940 asociaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias ha recordado al Ejecutivo la urgencia de proveer de fondos que permitan formar al profesorado, adaptar los centros educativos, así como de garantizar de ajustes personalizados que faciliten al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) un acceso al aprendizaje como el de sus compañeros y compañeras. Hoy en día el 80% del alumnado con NEE estudia en colegios ordinarios.
Estos fondos proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se invertirán en digitalización, programas de refuerzo educativo y Unidades de Acompañamiento y Orientación. “Aplaudimos que el Ministerio de Educación haya informado que este dinero pretende impulsar la equidad en el sistema educativo. Precisamente por ello, pedimos a la nueva ministra, Pilar Alegría, que no se olvide de los miles de estudiantes con discapacidad intelectual o del desarrollo que acuden tanto a centros financiados con fondos públicos”, ha remarcado el presidente de Plena inclusión España.
Plena inclusión insiste en que el despliegue de la nueva Ley Educativa, la LOMLOE, aprobada este mismo año, debe garantizar la progresiva extensión, a todos los centros educativos, de las condiciones mínimas exigibles para lograr una auténtica generalización de la educación inclusiva.
Además del despliegue progresivo de los ajustes razonables, Plena inclusión pide que se implante en todas las comunidades autónomas la Formación Profesional DUAL, así como del desarrollo de una normativa básica estatal que regule el modo en que se imparte esta formación. También un procedimiento que permita a entidades especializadas del Tercer Sector la implantación de la Formación Profesional homologando los contenidos en base al catálogo de cualificaciones del sistema de FP.
Plena inclusión defiende una igualdad de oportunidades real y el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, «tratado que firmó el Estado español y que ahora no se cumple respecto a la educación inclusiva», critica.
