Los migrantes menores de dieciocho años tienen derecho a la educación, aunque no estén en edad de escolaridad obligatoria. El objetivo de que reciban una atención educativa que les facilite la adquisición de competencias indispensables para su desarrollo personal. Las aulas están adscritas al Centro de Educación de Personas Adultas Miguel Hernández
Tras la llegada de miles de personas migrantes a Ceuta a mediados del mes de mayo se ha generado una situación excepcional que supone un reto para sus servicios públicos, así lo indican desde la Delegación del Gobierno.
Los menores con edad de escolaridad obligatoria se han incorporado los centros educativos al comienzo del curso escolar. Pero queda aún un número importante de menores, con edades comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho años, que permanecen en instalaciones de la ciudad y no estaban recibiendo ninguna atención desde el sistema educativo.
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La excepcionalidad de la situación requiere la adopción de medidas organizativas también excepcionales, que irán, en primer lugar, a la evaluación de la situación de estos menores y de su nivel de competencia curricular y, en segundo lugar, a proporcionarles un nivel mínimo de competencia comunicativa en lengua castellana que les permita adquirir otras competencias básicas.
Las once aulas modulares estarán adscritas al Centro de Educación de Personas Adultas Miguel Hernández de nuestra ciudad.
La atención educativa será llevada a cabo por maestras y maestros de Educación Primaria para cada grupo de alumnado. El equipo docente, dirigido por un coordinador, establecerá los criterios e instrumentos para la evaluación inicial y efectuará un plan específico individualizado, que recogerá las medidas previstas para su progreso.
