Ante las alarmantes afirmaciones que provienen del Consejo de Europa y que se acaban de dar a conocer, que se suman a la evidencia de la quiebra de los Derechos Humanos en las fronteras de Europa, especialmente en Ceuta y Melilla, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia quiere recordar que el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos obliga a asegurar el respeto a los derechos en ella contenidos a todos los Estados firmantes. En el mismo sentido, el art. 1 de la Convención de Roma obliga a todos los Estados parte a proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.
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Ninguna declaración o reconocimiento de derechos puede ser real y efectiva si no se establecen y garantizan las condiciones que permitan su ejercicio. El derecho de asilo, como cualquier otro, sólo es efectivo y real si se crean las condiciones que permitan su ejercicio por las personas que están en territorio bajo jurisdicción española. Ello exige la implementación y cumplimiento de protocolos y procedimientos que permitan recibir y tramitar las solicitudes de aquellos que aspiran al mismo, tal y como exige la ley para cualquier procedimiento. Nuestra ley obliga a garantizar la posibilidad de solicitar asilo incluso en los indebidamente llamados procedimientos de “devolución en caliente”, que no hacen más que esconder, bajo la apariencia de una inmediatez simplista y formal, lo que en definitiva es el drama de los solicitantes y la ausencia de voluntad para encarar sus causas.
El respeto a la vida y la dignidad de las personas forma parte de esos instrumentos internacionales y amparan a quienes entran en España a pedir asilo. Debe existir una protección eficaz y clara del derecho de asilo, que impida que vuelvan a repetirse los hechos que se están conociendo en los últimos días, y que se ponen de relieve por el Consejo de Europa. Exigimos que la efectividad de los compromisos humanitarios asumidos por España, hoy por hoy incumplidos en la frontera de las ciudades de Ceuta y Melilla según el consejo de Europa. No es asumible disminuir la presión administrativa por el ejercicio de un derecho previsto por la constitución y la ley, generando o tolerando indirectamente la vulneración de derechos humanos básicos como la vida o la dignidad. El asilo es un instrumento imperativo, al servicio de la dignidad de las personas, que resulta irrenunciable como sociedad para garantizar los valores que nuestra Constitución exige.
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Esperamos que los responsables de tan altos cometidos asuman decididamente esta tarea sin que pueda tolerarse la dejadez, el silencio o la hipocresía ante una realidad tozuda y que aplasta, con la fría evidencia que los muertos y desaparecidos demuestra, la complacencia de quien reconoce, pero no cumple con sus obligaciones.
