Las víctimas del ‘robo de bebés’ pueden quedar excluidas de este banco de ADN
Según información de la página del Ministerio de Justicia, esta institución ha adquirido el software Bonaparte con “el objetivo de crear y gestionar el banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática”, según se lee en la web de este Ministerio.
Desde la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina (CEAQUA), Amnistía Internacional y la asociación Todos los niños robados son también mis niños, entidad integrante de CEAQUA, aplaudimos esta iniciativa. Sin embargo, nos preguntamos sobre la posibilidad real de que las víctimas del ‘robo de bebés’ puedan mayoritariamente acceder para aportar su huella genética.
La ministra Pilar Llop ha expresado que este nuevo sistema además de “integrar perfiles de ADN y realizar búsquedas sistemáticas con restos procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas durante el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura», también “prevé la integración en este banco estatal de los perfiles de ADN de las personas afectadas por una posible sustracción de menores cuya denuncia haya sido admitida por los hechos recogidos en la ley”, recogiendo literalmente lo expuesto en el punto 4 del Artículo 23 de la Ley de Memoria Democrática.
El hecho de ser necesario que la denuncia “haya sido admitida” para poder ser integrada la huella genética en el Banco de ADN supone uno de los grandes impedimentos para acceder a dicho Banco si tenemos en cuenta el archivo sistemático de las denuncias presentadas, en la mayoría de las ocasiones sin haber realizado las investigaciones necesarias. Tal y como denuncia Amnistía Internacional en su Informe de marzo de 2021: “Las denuncias por hechos relativos a la posible sustracción de menores para su posterior entrega a familias distintas de las suyas no han contado con una respuesta adecuada y suficiente, tanto por parte de las fiscalías, así como de los órganos jurisdiccionales”.
Teniendo en cuenta la dificultad que tienen las víctimas de este crimen para que sus denuncias sean admitidas, la asociación Todos los niños robados son también mis niños propuso, en el periodo de aportaciones de la sociedad civil previo a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el cambio de “denuncia admitida” por “denuncia interpuesta”, es decir, que bastara con la presentación de la denuncia. Dicha aportación no fue tenida en cuenta.
El objetivo de un Banco de ADN es nutrirse al máximo de huellas genéticas que permitan un alto número de cotejos y coincidencias. Si se restringe las vías de acceso a un colectivo tan numeroso, se perderá la oportunidad de los deseados reencuentros, por tanto, un software tan potente y “tan avanzado en la creación y la búsqueda automatizada de perfiles de ADN de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su ADN con la victima que buscan” no podrá ayudar a las miles de víctimas de desapariciones forzadas de menores de nuestro país.
Es más, este planteamiento está lejos de cumplir con las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que en septiembre de 2021 reclamó a España «crear a la mayor brevedad un banco estatal de ADN que centralice todas las muestras genéticas de las víctimas de los casos denunciados por vía administrativa o judicial, en el que se puedan aportar muestras de forma gratuita , voluntaria y sin necesidad de contar con una orden judicial».
Es por tanto necesario que en la Ley de Memoria Democrática se determine que las víctimas del ‘robo de bebés’ tan solo necesiten interponer las denuncias para poder acceder al Banco de ADN y que no sea condición “sine qua non” la admisión de esa denuncia.
De tal forma, y de acuerdo con las recomendaciones del CED, se expone en el texto de la Proposición de Ley sobre ‘bebés robados’ en el Estado español (Artículo 10, punto 3), una iniciativa que seguiremos defendiendo y promoviendo en la próxima legislatura como lo hemos hecho durante los últimos seis años. Y lo haremos junto con todas las entidades que nos han dado su apoyo, incluidas de manera relevante asociaciones de ‘bebés robados’ repartidas por todo el Estado.
