La Agrupación Reformista de Policías (ARP), ante la notoria ausencia de un sistema que permita registrar con precisión las horas trabajadas por los miembros del Cuerpo de Policía Nacional, ha elevado su reclamo a instancias europeas. En una carta dirigida a la presidenta del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, la española Dolors Montserrat, la ARP, respaldada por los artículos 20, 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, exige la implementación de medidas adecuadas para resolver esta deficiencia.
La credibilidad de la Dirección General de la Policía (DGP), adscrita al Ministerio del Interior, está siendo cuestionada por las organizaciones sindicales por no proveer un sistema adecuado de registro horario para las horas trabajadas por los miembros de la Policía Nacional. Esta carencia parece contradecir tanto la legislación vigente como las propias directrices de la entidad.
El sindicato de la Policía Nacional ARP ha alzado su voz ante esta situación, habiendo llevado sus peticiones a distintos departamentos ministeriales sin recibir respuesta. Además, han solicitado la intervención del Defensor del Pueblo, Contestando éste, que la propuesta habría que canalizarla a través de la mesa de negociación referida en los artículos 34 y 36 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, lo que de alguna forma dio por finalizada su intervención. Hay que destacar que ningún sindicato policial tiene presencia en esa mesa, lo que hace inviable la solución.
La preocupación radica en que el registro de horas laborales no es algo novedoso. Ya en 1983 se hablaba de la necesidad de controlar horarios mediante sistemas registradores. Más recientemente, el Real Decreto 8/2019 insistía en la importancia de estos registros para combatir la precariedad laboral.
El principal objetivo de ARP es asegurar que las horas trabajadas por los miembros de la Policía Nacional se registren y monitoreen correctamente, de acuerdo con las directrices nacionales sobre derechos laborales.
La legislación parece ofrecer directrices claras. El Estatuto de los Trabajadores, aprobado en 2015, obliga a las empresas a mantener un registro diario de jornada. Sin embargo, para la Policía Nacional, la situación es más compleja. Aunque dependen del Ministerio del Interior, existen ambigüedades en las regulaciones que les aplican, dejando a los trabajadores en una posición incierta.
Esta situación no solo afecta a la moral y los derechos laborales de los oficiales, sino que también podría tener repercusiones legales y financieras para la administración. A pesar de tener claras instrucciones sobre la necesidad de controlar y registrar horas extras, hasta la fecha, no se ha implementado un sistema adecuado.
INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE CÓMPUTO
En la actualidad, y pese a múltiples llamamientos previos, la ARP señala que no existe un mecanismo que contabilice la jornada laboral diaria de los trabajadores de la Policía Nacional. Esta falta representa un serio obstáculo para asegurar el cumplimiento de los derechos laborales de estos profesionales, y a su vez, dificulta el control y supervisión de las horas extra, las cuales, según denuncias previas, a menudo no son debidamente compensadas.
La ARP, mediante su Coordinador General, Francisco Cano, ha recalcado la necesidad de actuar de inmediato, recalcando que la ausencia de tal sistema no solo vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, sino que además coloca en una posición de indefensión a aquellos que buscan reivindicar sus derechos. La actual situación, sostiene la ARP, se traduce en una clara discriminación hacia los profesionales de la Policía Nacional, en comparación con otros trabajadores y funcionarios del Estado español.
RECLAMO A NIVEL EUROPEO
Con la mira puesta en buscar soluciones concretas y efectivas, el sindicato policial ha decidido elevar su petición al ámbito europeo. La carta enviada a Dolors Montserrat refleja la seriedad y urgencia de la situación, instando a las autoridades pertinentes a tomar acciones inmediatas. La intervención del Parlamento Europeo y otros organismos de la Unión podría significar un paso adelante en la resolución de este conflicto.
Mientras tanto, miles de trabajadores del Cuerpo de Policía Nacional esperan una resolución que les permita trabajar en condiciones equitativas y justas, alineadas con los estándares europeos. La pelota, ahora, se encuentra en el tejado de las autoridades europeas y españolas, que tendrán que demostrar su compromiso con los derechos laborales y fundamentales de los policías.
Para ARP, el dilema administrativo respecto al registro horario de la Policía Nacional subraya la necesidad de claridad en las regulaciones y la implementación efectiva de sistemas que respalden los derechos laborales. La falta de acción plantea la cuestión de qué medidas tomará el Ministerio del Interior para rectificar la situación y garantizar el respeto total a los derechos laborales de los agentes de la Policía Nacional.
