El Partido Popular de Ceuta, encabezado por su portavoz, Javier Celaya, ha expresado su preocupación por la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el PSOE y sus socios parlamentarios. En una reunión con representantes sindicales y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se discutió el posible deterioro de las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad y las implicaciones para la frontera con Marruecos, ante la eliminación de las devoluciones en caliente y la falta de recursos humanos y materiales
El diputado del Partido Popular (PP) de Ceuta, Javier Celaya, acompañado por miembros de la Ejecutiva local, Javier Olmedo y Cristina Díaz, expuso las preocupaciones del partido en relación con la reciente proposición de ley para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista en colaboración con EH Bildu, SUMAR, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el PNV y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). La modificación ha encendido las alarmas del PP, que considera que este cambio afectará gravemente las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad y la integridad de las fronteras de Ceuta y Melilla.
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Celaya comenzó destacando la importancia de la reunión celebrada con sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre ellos el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), y otros colectivos representativos. “Nos han expresado su profunda preocupación por esta proposición de ley, que no solo amenaza el principio de autoridad, sino que también los deja en una situación de indefensión ante la creciente inseguridad que podría generar”, subrayó el portavoz.
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Impacto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Partido Popular advirtió que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana incluye cambios que alteran el régimen sancionador y reducen las consecuencias de no obedecer las indicaciones de las fuerzas de seguridad. En opinión del PP y de los representantes policiales, estas modificaciones suponen un debilitamiento del principio de autoridad, una pieza clave para el desempeño de las funciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. “Si las fuerzas de seguridad no tienen el respaldo legal suficiente, su capacidad para mantener el orden y la seguridad en nuestras calles se verá gravemente comprometida”, señaló Celaya.
Además, la proposición de ley plantea la eliminación de las llamadas “devoluciones en caliente”, un mecanismo empleado en las fronteras de Ceuta y Melilla para gestionar de manera inmediata la entrada irregular de inmigrantes. Este aspecto ha sido fuertemente criticado por el PP y los sindicatos presentes en la reunión, quienes consideran que su eliminación podría desbordar la capacidad de las ciudades autónomas y provocar un “efecto llamada” que alentaría la llegada masiva de personas en busca de asilo.
Javier Celaya fue claro al respecto: “La eliminación de las devoluciones en caliente, que han sido avaladas tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, coloca a nuestras fronteras en una situación de vulnerabilidad. Si esta modificación sale adelante, Ceuta y Melilla estarán expuestas a un flujo migratorio que no podremos gestionar adecuadamente, lo que desbordará nuestra capacidad de acogida y provocará un efecto devastador no solo para estas ciudades, sino para el conjunto del Estado”.
Falta de recursos y condiciones en las plantillas de seguridad
Otro de los temas tratados en la reunión con los sindicatos fue la insuficiencia de recursos humanos y materiales que enfrenta la Policía Nacional y la Guardia Civil en Ceuta. A pesar de que el Ministerio del Interior asegura que las plantillas de la Policía Nacional están cubiertas en un 93% y las de la Guardia Civil en un 94%, el Partido Popular y las asociaciones de seguridad denunciaron que estos porcentajes se basan en plantillas que no se han actualizado en las últimas dos o tres décadas.
“Las plantillas de seguridad en Ceuta y Melilla no han sido modificadas en 20 o 30 años, a pesar del crecimiento demográfico y de las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos, especialmente en relación con el fenómeno migratorio. Decir que la plantilla está cubierta al 94% cuando no se han actualizado las cifras en tanto tiempo es un engaño”, denunció el portavoz del PP. En este sentido, tanto el partido como los sindicatos reclamaron al Gobierno una revisión urgente de las plantillas y un aumento de los recursos para que las fuerzas de seguridad puedan llevar a cabo su labor de manera efectiva.
Además de la insuficiencia de personal, los sindicatos señalaron que las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla trabajan con medios obsoletos, especialmente en las secciones de fiscal y frontera, lo que complica aún más su labor diaria en la protección de las fronteras. “No se puede garantizar la seguridad de nuestras fronteras si no dotamos a nuestros agentes de las herramientas y recursos que necesitan. Y esto es algo que el Gobierno parece estar ignorando”, sentenció el portavoz.
Equiparación salarial: una reivindicación justa y aplazada
Durante la comparecencia, el diputado del PP también abordó la cuestión de la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con otros cuerpos policiales autonómicos y locales. Esta demanda, que se remonta a 2018, ha sido una reivindicación constante de las fuerzas de seguridad, que consideran injusto que policías autonómicos y locales reciban un salario superior al de los agentes nacionales y de la Guardia Civil.
Celaya criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por haber paralizado este proceso desde su llegada al poder: “Es inaceptable que en 2024 sigamos hablando de esta injusticia. No tiene sentido que en España haya fuerzas de seguridad que cobran más que la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuando ellos son los responsables de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional”.
El Partido Popular presentará mañana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para retomar el proceso de equiparación salarial, y espera contar con el apoyo de otros grupos políticos para poner fin a esta situación de desigualdad.
La gestión migratoria y los menores no acompañados: un problema de Estado
En cuanto al fenómeno migratorio, el portavoz del PP insistió en que la situación actual requiere un enfoque de Estado, especialmente en lo que respecta a la gestión de los menores no acompañados que llegan a Ceuta y Canarias. El portavoz criticó la falta de colaboración del Partido Socialista para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular en esta materia, y acusó al Gobierno de utilizar la situación como moneda de cambio en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
“El Gobierno está chantajeando a las comunidades autónomas, especialmente a Canarias y Ceuta, para que apoyen los presupuestos a cambio de recursos para hacer frente a la llegada de menores no acompañados. Esto no puede ser. La situación migratoria es un problema de Estado que requiere una solución conjunta, no una herramienta para negociar votos”, afirmó el portavoz.
El Partido Popular presentó un documento consensuado con todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, así como con Coalición Canaria, en el que se proponía la distribución automática de menores no acompañados una vez que se saturen los centros de acogida en las ciudades afectadas. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado estas propuestas y ha preferido, según el portavoz del PP, “tensar la cuerda y presionar a las comunidades gobernadas por el Partido Popular”.
Finalmente, el diputado del Partido Popular subrayó la necesidad de que el Gobierno español busque el apoyo de la Unión Europea para afrontar el fenómeno migratorio, tanto en términos financieros como de acogida. “Es incomprensible que el Gobierno haya rechazado la ayuda que Europa estaba dispuesta a ofrecer. No podemos gestionar esta situación solos, y necesitamos el apoyo de nuestros socios europeos para hacer frente a los retos migratorios que afectan a Ceuta y a toda España”, concluyó
