La polémica en torno al tratamiento informativo del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha alcanzado un nuevo nivel con la solicitud de su abogado al Tribunal Supremo para que se conserven las comunicaciones de varios periodistas de elDiario.es. Esta petición, que incluye llamadas, mensajes y ubicaciones de los últimos diez meses, supone el último episodio en una escalada de amenazas y señalamientos contra este medio desde que publicara la exclusiva sobre el fraude fiscal del empresario.
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El conflicto comenzó en marzo de 2023, cuando elDiario.es reveló que González Amador, pareja de la presidenta madrileña, había obtenido dos millones de euros como comisionista en la compraventa de mascarillas durante la pandemia y que intentó ocultar este beneficio a Hacienda mediante una trama de facturas falsas. Tras la publicación de esta información, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, envió mensajes intimidatorios a Esther Palomera, adjunta al director de este medio. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”, escribió Rodríguez en uno de los mensajes, según ha confirmado la periodista.
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Bulos y estrategias de descrédito
Pocos días después, Rodríguez difundió un bulo que acusaba a empleados de elDiario.es de intentar entrar en el domicilio de Ayuso “encapuchados”. Aunque esta información fue desmentida por las autoridades, algunos medios se hicieron eco del falso relato sin contrastarlo. En otra versión del bulo, Rodríguez afirmó que los periodistas intentaron acceder al domicilio haciéndose pasar por técnicos de calefacción. Estas acusaciones formaron parte de una estrategia más amplia de desprestigio que incluyó la publicación de fotografías e identidades de periodistas de elDiario.es y de El País, a quienes también señaló por presunto acoso.
La tensión escaló cuando un periodista de elDiario.es fue identificado por policías nacionales mientras realizaba su trabajo en las inmediaciones del domicilio de Ayuso. Aunque la identificación fue descrita por el Ministerio del Interior como una “situación de absoluta normalidad”, el entorno de Ayuso intentó usar este hecho para criminalizar el trabajo del informador.
Petición de intervención de comunicaciones
El 23 de diciembre de 2023, se conoció un escrito presentado por Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de González Amador, en el que solicita al juez Ángel Hurtado que ordene a las compañías telefónicas guardar los registros de llamadas, mensajes y ubicaciones de seis periodistas, cuatro de ellos de elDiario.es. La solicitud abarca datos que exceden el plazo legal de conservación de doce meses y podría incluir las conexiones digitales y ubicaciones de los informadores.
De aceptarse esta petición, se estaría vulnerando el derecho al secreto profesional de los periodistas, protegido por la Constitución española. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ya ha emitido un comunicado rechazando la pretensión de intervenir las comunicaciones, considerando que se trata de un ataque directo a la libertad de prensa y al ejercicio del periodismo.
Un clima hostil para el periodismo
La ofensiva contra elDiario.es también incluye intentos de deslegitimar las actuaciones judiciales en el caso de González Amador. Este presentó una querella contra la fiscal jefe de Madrid y el fiscal de Delitos Económicos, acusándolos de revelación de secretos. En su escrito, el abogado de González Amador alude al trabajo de los periodistas como base para sus acusaciones, llegando a describir la identificación policial del informador como justificada por “su actitud”, un término que carece de fundamento según los propios informes policiales.
Este caso pone en el centro del debate la relación entre el poder político y los derechos fundamentales de los periodistas. La solicitud de intervenir comunicaciones y los continuos ataques desde el entorno de Ayuso evidencian un clima hostil que amenaza no solo a elDiario.es, sino al ejercicio libre del periodismo en España.
