El panorama migratorio para Ceuta en 2026 apunta a mejorar después de años de presión extrema, aunque el drama en la frontera persiste. La Comisión Europea activó a mediados de noviembre el “primer ciclo anual de gestión de la migración” en el marco del Pacto Migratorio Europeo y de Asilo, aprobado en junio de 2024 y que entrará plenamente en vigor a mediados de 2026.
Este plan implica mayor solidaridad entre los Estados miembros, ya sea mediante apoyo financiero o reubicaciones de migrantes, y se suma a la reciente reforma de la Ley de Extranjería en España, que ya ha comenzado a aliviar la saturación de los centros de menores en territorios con mayor presión.
La medida se produce en un contexto de disputa política: varias comunidades autónomas, lideradas por el Partido Popular, recurrieron al Tribunal Constitucional alegando “invasión de competencias” por la obligación de acoger menores provenientes de Ceuta, Melilla y Canarias. Sin embargo, el 12 de noviembre la Comisión Europea reconoció a España, Italia, Grecia y Chipre como países “bajo presión migratoria”, lo que les permitirá activar los mecanismos de apoyo previstos en el pacto.
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Jordi Cañas, exdiputado europeo y miembro del grupo liberal Renew Europe, califica el acuerdo como “histórico” tras casi cuatro años de negociación. “Es un avance importante, aunque mantiene margen de mejora en la parte de migración legal”, señaló, recordando que el pacto contempla medidas como el registro biométrico inmediato, procedimientos acelerados para casos con pocas opciones de asilo y solidaridad obligatoria entre Estados miembros.
En Ceuta, estos mecanismos son especialmente relevantes para el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), tradicionalmente saturado, y para reducir los conflictos recurrentes en la reubicación de migrantes en comunidades reticentes.
No obstante, la implementación práctica del acuerdo genera incertidumbre. A seis meses de su entrada en vigor, aún no se han observado preparativos concretos en Ceuta, como centros de “screening” fronterizo o sistemas biométricos operativos, a diferencia de otras ciudades españolas como Madrid o Barcelona.
Además, quedan pendientes decisiones clave en el Consejo de la UE sobre el tamaño del contingente de solidaridad, la cuota por país y la distribución entre reubicaciones, fondos u otras formas de apoyo. Según Cañas, el pacto también contempla acuerdos condicionales con países emisores, como Marruecos, para garantizar la cooperación en retornos y asistencia.
Con estas herramientas, Ceuta podría experimentar un alivio significativo en sus centros de menores y una distribución más justa de la presión migratoria, aunque la ciudad sigue enfrentando desafíos inmediatos en la gestión de flujos irregulares.
