Después de cinco años desde la puesta en marcha de las ayudas para propietarios con desahucios paralizados por la moratoria social, solo alrededor de 3.000 caseros en toda España han recibido las compensaciones prometidas por el Gobierno.
La medida —diseñada para mitigar el impacto económico que sufren los propietarios cuyas viviendas no pueden recuperar por orden judicial debido a la suspensión de desahucios por vulnerabilidad— no ha cumplido con las expectativas ni con las promesas de la Administración, dejando a miles de afectados sin la asistencia esperada.
Una ayuda que no llega
El mecanismo de compensación fue concebido como una red de seguridad para pequeños y grandes propietarios que, por orden judicial, han visto cómo se suspendían los lanzamientos de sus inquilinos vulnerables. Bajo el compromiso de que el Estado cubriría los costes derivados de estos periodos, se habilitaron partidas presupuestarias específicas.
Pero las cifras reveladas muestran un proceso bloqueado: a pesar del volumen de solicitudes, el número de pagos efectivos ha sido mínimo frente a las solicitudes presentadas, muchas de las cuales están paralizadas por el silencio administrativo o denegadas por errores formales.
Causas del retraso
Entre los principales obstáculos identificados se encuentran:
- Burocracia compleja: muchos expedientes no superan los requisitos para demostrar tanto la vulnerabilidad del inquilino como el perjuicio económico sufrido por el casero.
- Demoras judiciales: la lentitud de los procedimientos de desahucio retrasa también la tramitación de las compensaciones.
- Gestión descentralizada: la responsabilidad de gestionar estas ayudas recae sobre las comunidades autónomas, lo que ha generado diferencias significativas entre regiones en cuanto a la agilidad y eficiencia de los pagos.
Impacto sobre los propietarios
Para muchos caseros, especialmente los que dependen de las rentas como principal fuente de ingresos, la falta de compensaciones constituye un perjuicio económico directo, ya que han tenido que asumir durante años gastos de mantenimiento y suministros sin recibir la ayuda estatal prometida.
Mientras el Ejecutivo defiende la protección social de los colectivos más vulnerables, la realidad de las cifras oficiales evidencia un amplio desajuste entre la promesa y la efectividad de las ayudas dirigidas a los propietarios afectados por la moratoria de desahucios.
