El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta en 2026 a un escenario judicial complejo que amenaza con extenderse a su entorno familiar, a su partido y a su Ejecutivo. Una decena de causas penales, en diferentes fases de investigación y en varios tribunales, dibujan un panorama judicial que promete prolongarse a lo largo del año y más allá.
El primer caso de relevancia es el relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia, cuyo juicio en el Tribunal Supremo se espera para febrero o marzo. La Fiscalía solicita penas de hasta 24 años para los implicados, incluido Koldo García, ex mano derecha de José Luis Ábalos. Paralelamente, se investigan presuntos amaños de obra pública vinculados a Santos Cerdán y varios empresarios, mientras que la Audiencia Nacional mantiene abiertas ramas de la misma causa que alcanzan a ex presidentes autonómicos y directivos de empresas públicas.
Además, se ha abierto una investigación sobre los movimientos de efectivo en Ferraz que podría implicar directamente al PSOE y, eventualmente, al propio Sánchez, pese a que una auditoría externa encargada por el partido asegura la legalidad de las operaciones. La Audiencia Nacional también sigue diligencias por fraude de IVA en hidrocarburos, vinculadas a la influencia política de Ábalos, y por la actuación de Leire Díez, considerada la “fontanera” del PSOE, que buscó información sobre la UCO y la Fiscalía a favor del partido.
El entorno familiar del presidente tampoco se libra: su hermano David Sánchez se enfrenta a juicio en mayo en Badajoz por la creación de plazas públicas presuntamente irregulares, y la causa del denominado “Caso Begoña” investiga a su esposa por tráfico de influencias y malversación en el marco de su actividad profesional y académica.
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Otras investigaciones, de carácter reservado, incluyen la aerolínea Plus Ultra y el posible blanqueo de fondos vinculados a Venezuela, así como la causa más avanzada contra el ex fiscal general Álvaro García Ortiz, cuyo fallo en el Tribunal Supremo ya es firme, aunque pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional.
En paralelo, Sánchez sigue pendiente de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la Ley de Amnistía. Un revés podría afectar indirectamente a su investidura, mientras que un fallo favorable abriría un nuevo ciclo de disputas jurídicas entre el Constitucional y el Supremo.
Con múltiples frentes abiertos y distintos niveles de avance, 2026 se perfila como un año determinante para la estabilidad política y judicial del presidente del Gobierno y su entorno.
