El año 2026 se inaugura con un calendario judicial que condicionará gran parte de la agenda política en España. Tanto PSOE como PP afrontan un inicio de año marcado por juicios que involucran a exministros, exdirigentes y familiares de altos cargos, obligando a los partidos a reaccionar frente a la presión de los tribunales más que a fijar su propia estrategia política.
Para el PSOE, los focos apuntan a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, inmersos en causas que investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y supuestos amaños de obra pública a cambio de comisiones. Ábalos y su antiguo asesor Koldo García se enfrentan a una petición de hasta 30 años de prisión, permaneciendo en prisión provisional mientras se celebra la vista oral. Además, la Audiencia Nacional indaga en pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024, que podrían estar vinculados a blanqueo de dinero.
El entorno más cercano al presidente Pedro Sánchez también será juzgado. La Audiencia Provincial de Badajoz tiene previsto el primer juicio contra su hermano, David Sánchez, por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz, mientras que Begoña Gómez, esposa del presidente, sigue bajo investigación por cinco posibles delitos, aunque los informes pendientes de la UCO marcan la espera de próximos pasos.
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En el caso del PP, la atención se centra en la vista oral de la Operación Kitchen, que comenzará en abril, donde se sentará en el banquillo el exministro Jorge Fernández Díaz por su presunta implicación en la trama parapolicial para espiar al extesorero del partido Luis Bárcenas. La Fiscalía solicita 15 años de prisión para Fernández Díaz y otros altos mandos policiales implicados.
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Otros casos destacados incluyen el juicio al clan Pujol por el origen de su fortuna oculta en el extranjero, la causa contra el exfiscal general Álvaro García Ortiz, y las investigaciones contra miembros del PP como Francisco Granados y Cristóbal Montoro. También se mantienen abiertas causas contra figuras controvertidas como el eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, y la exmilitante socialista Leire Díez, investigada por presuntas influencias en adjudicaciones públicas por 132 millones de euros.
Con este panorama, 2026 se perfila como un año en el que los tribunales continuarán marcando la agenda política española, limitando la capacidad de los partidos de fijar sus prioridades y obligando al Ejecutivo y a la oposición a enfrentar los juicios que afectan a sus exdirigentes y allegados.
