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El juzgado ha admitido a trámite la querella presentada por la familia de Sandra Peña, la menor de 14 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Sevilla, según ha informado este miércoles Isaac Villar, tío y portavoz de la familia.
La acción judicial, interpuesta el pasado viernes, va dirigida contra el colegio Las Irlandesas de Loreto y contra varios responsables y docentes del centro vinculados con la alumna, por una presunta falta de actuación conforme a los protocolos establecidos ante el acoso escolar que, según la familia, sufría la menor y que habría desencadenado su muerte.
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Este miércoles, los familiares se han reunido con la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Carmen Castillo, en la sede de la Consejería en la capital andaluza. Desde este organismo han confirmado que la investigación administrativa abierta permanece paralizada hasta que se resuelva el procedimiento judicial.
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«Nos han manifestado que llegarán hasta el final de la investigación y que adoptarán todas las medidas acordes a los hechos que se demuestren», ha señalado Villar, quien ha añadido que la familia se siente «muy arropada por la Junta».
Durante su comparecencia ante los medios, el portavoz ha agradecido «el cariño que están recibiendo de la sociedad» y ha asegurado que la única forma de corresponderlo es «seguir con esta lucha», pese al profundo impacto emocional que continúan sufriendo los padres de la menor.
Villar ha subrayado que mantener el proceso judicial y mediático es fundamental para impulsar cambios que eviten tragedias similares en el futuro.
Sandra Peña se quitó la vida el pasado 14 de octubre, tras salir del centro educativo, al arrojarse desde la azotea de su domicilio. Este hecho motivó la apertura de una investigación tanto por parte de la Policía Nacional como de la Consejería de Desarrollo Educativo.
La Junta trasladó la información recabada a la Fiscalía tras detectar posibles deficiencias en la activación del protocolo de acoso escolar y de conductas autolíticas en el colegio concertado, además de abrir un expediente administrativo para depurar responsabilidades.
Según explicó días después del suceso Isaac Villar, la única medida adoptada por el centro habría sido el cambio de aula de las presuntas acosadoras, tras una petición expresa de la madre de la menor.
La situación de acoso se habría iniciado aproximadamente un año antes y se intensificó durante el verano, periodo en el que Sandra comenzó a recibir atención psicológica, circunstancia que fue comunicada mediante una denuncia formal.
El Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes: uno relacionado con las menores presuntamente implicadas en el acoso y otro para evaluar la posible responsabilidad del centro educativo. En el marco de esta investigación han declarado tanto los padres de Sandra como cuatro docentes del colegio, además de las diligencias realizadas por el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional, que incluyeron el análisis del teléfono móvil y las redes sociales de la menor.
Los progenitores confían en que se depuren responsabilidades «ejemplarizantes» con la mayor rapidez posible. Desde el colegio, por su parte, sostienen que activaron sus protocolos internos, aunque reconocen que no fueron comunicados al sistema Séneca de la Consejería.
