La cúpula fiscal española se ha reunido este martes, 24 de febrero de 2026, para analizar una petición formal del Gobierno orientada a investigar y perseguir posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. La solicitud pone el foco en la creación y difusión de pornografía infantil mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) dentro de plataformas como X (anteriormente Twitter), Meta y TikTok.
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El Gobierno invoca el Estatuto del Ministerio Fiscal
La iniciativa surge tras un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado el pasado 17 de febrero. El Ejecutivo ha recurrido al artículo 8 del Estatuto del Ministerio Fiscal, una vía legal que faculta al Gobierno para instar a la Fiscalía a promover ante la Justicia las actuaciones necesarias en defensa del interés público.
El objetivo es determinar si estas multinacionales tecnológicas están cometiendo o facilitando delitos mediante sus algoritmos y herramientas de IA, permitiendo la proliferación de contenidos de abuso sexual infantil sintético.
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La Junta de Fiscales de Sala decide la hoja de ruta
Bajo la dirección de Teresa Peramato, fiscal general del Estado, la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo evalúa hoy la viabilidad de esta petición. Los puntos clave del proceso incluyen:
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- Asesoramiento Técnico y Doctrinal: La Junta, integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo y los fiscales de Sala, actúa como órgano consultivo para fijar el criterio jurídico ante un desafío tecnológico de esta magnitud.
- Papel de la Secretaría Técnica: Julio Cano Antón, recientemente nombrado fiscal jefe de la secretaría técnica, actúa como secretario en este proceso crucial para definir la estrategia legal.
- Resolución Final: Tras escuchar a los expertos, Peramato deberá resolver sobre la procedencia de las actuaciones y trasladar al Gobierno una respuesta razonada sobre si se iniciará la investigación penal contra los gigantes tecnológicos.
Un precedente contra la impunidad digital
Esta medida marca un hito en la lucha contra los delitos de nueva generación. La Fiscalía busca establecer si las plataformas tienen una responsabilidad penal directa o por omisión en la vigilancia de los contenidos generados por IA, un terreno que hasta ahora presentaba lagunas legales significativas.
De prosperar la investigación, España se situaría a la vanguardia internacional en la exigencia de responsabilidades a las grandes tecnológicas por el uso indebido de la IA en perjuicio de los menores de edad.
