La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) al ser el único Estado miembro que aún no ha transpuesto dos directivas clave. Hacienda asegura que los cambios ya están en tramitación parlamentaria.
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La Comisión Europea ha dado un paso firme contra España. Tras ignorar varios avisos y un último ultimátum el pasado mes de julio, el Ejecutivo comunitario ha solicitado formalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la imposición de sanciones financieras contra el país por no haber adoptado dos directivas relacionadas con el IVA. España ostenta actualmente la posición de ser el único país de los veintisiete que todavía no ha notificado la transposición de estas normas al derecho nacional.
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Los dos frentes del incumplimiento
La denuncia de Bruselas se centra en dos normativas que afectan directamente a la competitividad de las empresas y a la seguridad jurídica de las transacciones:
- Régimen de franquicia del IVA para Pymes: Esta norma permitiría a las pequeñas empresas españolas disfrutar de exenciones de IVA cuando operan en otros países de la UE. Aunque España ha renunciado a aplicar el «IVA franquiciado» dentro de sus fronteras (que eximiría a autónomos que facturen menos de 85.000 €), Bruselas exige que se transponga la norma para que las empresas nacionales puedan beneficiarse de ella en el resto de Europa.
- Servicios online y objetos de colección: La segunda directiva regula el IVA en servicios retransmitidos en línea y regímenes especiales para bienes de segunda mano y obras de arte. La Comisión advierte que este vacío legal genera un riesgo real de doble imposición o de que algunas operaciones queden sin gravar.
Hacienda se defiende: «La norma ya está en el Congreso»
Desde el Ministerio dirigido por María Jesús Montero, fuentes oficiales han tratado de calmar las aguas asegurando que el cumplimiento de estas directivas ya está en marcha. Según Hacienda, las modificaciones necesarias se incluyeron vía enmienda del PSOE en la ley que transpone la directiva DAC8. Esta ley se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el proceso ha avanzado con lentitud pese a haberse cerrado el plazo de presentación de enmiendas hace meses.
Indignación entre los autónomos: «Somos los únicos de la UE»
La reacción de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) no se ha hecho esperar. Su presidente, Lorenzo Amor, ha recordado que fue su propia asociación la que denunció al Gobierno ante la Comisión Europea el pasado diciembre por esta falta de previsión legal.
«Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado. Hacienda es lenta y perezosa para facilitar la labor a los pequeños empresarios, pero ágil cuando se trata de recaudar más», denunció Amor.
Según los cálculos de ATA, la aplicación de estas medidas y la reducción de trabas legales podría suponer un ahorro de hasta 600 euros anuales en costes burocráticos para cada trabajador por cuenta propia, eliminando la inseguridad legislativa que se ha instalado en el día a día del sector.
