La administración de Donald Trump pone el foco en el sistema de protección a personas vulnerables en España tras la muerte de la joven de 25 años en Barcelona.
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El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la eutanasia la semana pasada en Sant Pere de Ribes (Barcelona), ha saltado al tablero de la política internacional. Según ha informado el New York Post, la administración de Donald Trump ha solicitado formalmente una investigación sobre las circunstancias que rodearon el procedimiento, basándose en posibles preocupaciones sobre derechos humanos.
Washington cuestiona el sistema español
De acuerdo con funcionarios citados bajo anonimato por el medio estadounidense, el Departamento de Estado habría instruido a la Embajada de EE. UU. en Madrid para recabar información detallada sobre la gestión del caso. El cable diplomático citado muestra inquietud por lo que Washington considera posibles «fallas en el sistema de protección a personas vulnerables».
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Las críticas desde el entorno de la Casa Blanca se centran en dos puntos clave:
- La aplicación de la ley de eutanasia en casos de sufrimiento no terminal o condiciones psiquiátricas.
- Presuntas «dudas» mostradas por la joven durante el proceso que, según estas fuentes, podrían haber sido ignoradas por las autoridades españolas.
Un periplo judicial de más de un año
Noelia Castillo, que padecía una paraplejia, solicitó el derecho a morir en abril de 2024. Su caso fue validado en julio de ese mismo año por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano independiente encargado de supervisar que se cumplan todos los preceptos legales.
Pese a la luz verde inicial, el proceso se vio frenado por un largo periplo judicial. Tanto el juzgado de instancia como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) terminaron desestimando los recursos que intentaban paralizar la muerte asistida. La justicia española fue tajante al concluir que:
- No existía «falta de capacidad» cognitiva en la joven para tomar la decisión.
- Su determinación de solicitar la prestación de ayuda para morir se mantuvo «firme» e ininterrumpida desde el inicio del proceso.
Reacciones contrapuestas
El caso ha reabierto el debate ético en España. José María Fernández, presidente de la Fundación Abogados Cristianos, calificó el desenlace como un “fracaso del sistema sanitario”, lamentando que la joven no hubiera cambiado de opinión «hasta el último momento».
Por el contrario, los defensores del proceso subrayan que se han seguido escrupulosamente todos los pasos de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, garantizando la autonomía del paciente. Ahora, la entrada de la diplomacia estadounidense añade una dimensión de tensión política a un caso que ya ha marcado un precedente en la aplicación del derecho a morir en España.
