La consejera Ana Dávila envía una carta al Ejecutivo central advirtiendo de acciones legales si se prorroga el sistema de reparto obligatorio sin cobertura jurídica.
La gestión de los menores extranjeros no acompañados ha abierto un nuevo frente de batalla entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España. En una carta enviada este lunes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la consejera de Asuntos Sociales madrileña, Ana Dávila, ha denunciado graves irregularidades en los traslados, incluyendo la separación de grupos de hermanos y reubicaciones que ignoran los vínculos familiares de los menores.
Denuncias de «vulnerabilidad y marginalidad»
Según el Ejecutivo regional, la falta de coordinación y la «imposición» de decisiones unilaterales por parte del Estado están perjudicando directamente el bienestar de los menores. En su misiva, Dávila destaca situaciones críticas detectadas en los últimos repartos:
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- Separación de hermanos: Se han registrado casos donde miembros de una misma familia han sido enviados a distintas regiones.
- Ignorar redes de apoyo: Madrid asegura haber recibido a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades o que, incluso, ya tenían ofertas de trabajo y familias de referencia en sus lugares de origen.
- Proximidad a la mayoría de edad: La consejera advierte que trasladar a jóvenes a punto de cumplir 18 años fuera de sus entornos de arraigo los aboca a situaciones de «auténtica marginalidad».
Pulso legal por la prórroga del sistema
El conflicto también tiene una vertiente jurídica. El Gobierno central pretende modificar el Real Decreto-Ley 2/2025 para prorrogar hasta agosto de 2027 el mecanismo obligatorio de reubicación por «contingencia migratoria extraordinaria».
Desde Madrid consideran que los plazos legales han expirado y que cualquier nuevo traslado carece de cobertura jurídica. Dávila tacha de «llamativo» que el Ministerio intente prolongar de facto un sistema excepcional tras haber afirmado públicamente que la situación de emergencia había finalizado.
La postura de Madrid: «El Gobierno ha pasado del silencio y la inacción a la imposición», afirma la consejera, quien advierte que la Comunidad emprenderá acciones legales ante cualquier actuación que considere contraria a derecho o que invada las competencias autonómicas en protección de menores.
Críticas a la falta de valoración individual
Para la Comunidad de Madrid, el desarrollo del protocolo migratorio está ignorando la valoración individualizada de cada menor y su propia voluntad. La administración regional responsabiliza directamente al Estado de la emergencia sufrida en Canarias, Ceuta y Melilla, pero rechaza que la solución pase por un sistema de reparto que, a su juicio, vulnera los derechos de los jóvenes y satura las capacidades de las comunidades receptoras sin la necesaria coordinación.
