La Ciudad Autónoma contará con una inversión clave destinada a la asistencia social integral, la prevención y la formación de profesionales para combatir las violencias machistas.
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CEUTA | En una apuesta firme por consolidar las políticas de protección a la mujer, Ceuta recibirá un total de 2.273.514,79 euros durante el próximo ejercicio 2026. Esta partida presupuestaria, acordada en la Conferencia Sectorial de Igualdad, forma parte de un paquete estatal de 179,8 millones de euros distribuidos entre las comunidades y ciudades autónomas para la lucha contra la violencia machista y sexual.
Desglose de la inversión
El presupuesto asignado a la ciudad se divide en dos bloques principales de financiación:
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- Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 1.859.979,10 euros.
- Programas de la Delegación del Gobierno: 413.535,69 euros destinados específicamente a asistencia, prevención y apoyo a víctimas.
«El objetivo es mantener y reforzar la red de recursos destinados a la protección, asistencia, apoyo, recuperación y reparación de las víctimas en todo el territorio».
Prioridades para 2026
La ciudad deberá ejecutar estos fondos a lo largo del próximo año centrándose en áreas críticas para la seguridad y el bienestar de las mujeres y menores a su cargo. Las líneas de actuación principales incluyen:
- Asistencia Social Integral: Fortalecimiento de los planes personalizados de apoyo y recuperación.
- Prevención y Sensibilización: Campañas enfocadas a la detección precoz y concienciación ciudadana.
- Formación Especializada: Capacitación continua para los profesionales que trabajan en contacto directo con las víctimas.
- Protección de Menores: Fondos específicos para la prevención de abusos sexuales en menores bajo tutela de la Ciudad.
Contexto Nacional
A nivel estatal, el Ministerio de Igualdad ha movilizado 160 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado, sumados a otros 19,8 millones destinados a programas autonómicos. Esta inyección de capital busca garantizar que, independientemente del lugar de residencia, cualquier mujer víctima de violencia tenga acceso a una red pública de protección robusta y eficiente.
