La Comisión Europea ha abierto un nuevo frente contra España por el incumplimiento de varias normas comunitarias. Bruselas ha señalado deficiencias en la legislación española sobre morosidad en el sector minorista y ha dado un ultimátum al Gobierno para adaptar la normativa contra el blanqueo de capitales en operaciones con criptoactivos.
El Ejecutivo comunitario ha concedido a España un plazo de dos meses para corregir las infracciones detectadas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podrá avanzar en los procedimientos y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Bruselas abre expediente a España por la morosidad
En materia de morosidad, la Comisión ha remitido a España una carta de emplazamiento, el primer paso de un procedimiento de infracción. Bruselas considera que la normativa española no se ajusta correctamente a las reglas europeas sobre la puntualidad en los pagos dentro del sector minorista.
El problema se centra en que las condiciones de pago de determinados bienes de consumo pueden alargarse de forma sistemática más allá de los 60 días e incluso llegar a superar los 120 días. Para la Comisión, esta práctica resulta incoherente con la interpretación del TJUE, que ha subrayado la importancia de garantizar pagos puntuales entre empresas.
Bruselas defiende que los plazos de pago son un elemento clave para el buen funcionamiento del Mercado Único, ya que afectan directamente a la liquidez de las compañías, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.
Dos meses para corregir las deficiencias
España dispone ahora de dos meses para responder a Bruselas y adoptar las medidas necesarias. Si la Comisión considera que las explicaciones o cambios propuestos no son suficientes, podrá pasar a la siguiente fase del procedimiento sancionador.
Esa segunda fase consistiría en un dictamen motivado, que supone la última oportunidad para corregir el incumplimiento antes de que el caso pueda acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ultimátum por el blanqueo de capitales en criptoactivos
La Comisión Europea también ha advertido a España por no haber incorporado plenamente a su legislación nacional las modificaciones de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales.
El objetivo de esta normativa es reforzar el control sobre las transferencias de dinero y criptoactivos, obligando a identificar tanto al emisor como al receptor de cada operación. Bruselas pretende así cerrar espacios de anonimato que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
En este caso, la Comisión ya ha enviado un dictamen motivado, una fase más avanzada del expediente. España tiene otros dos meses para completar la transposición y comunicar las medidas adoptadas.
La UE quiere acabar con el anonimato en las criptomonedas
La nueva normativa europea busca que las operaciones con criptomonedas estén sometidas a controles similares a los del sistema financiero tradicional. Esto implica que las transferencias de criptoactivos deberán incluir información detallada sobre quién envía y quién recibe los fondos.
La Comisión sostiene que esta trazabilidad es necesaria para evitar que las criptomonedas se utilicen como vía para ocultar dinero ilícito. La norma también exige que los Estados miembros establezcan sanciones administrativas contra personas y empresas que incumplan estas obligaciones.
España no notificó las sanciones a tiempo
Bruselas reprocha a España no haber completado la aplicación del reglamento europeo ni haber notificado las sanciones administrativas correspondientes antes del 30 de diciembre de 2024, fecha límite prevista.
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Para la Comisión, esta falta de adaptación deja lagunas en el sistema de control y reduce la capacidad de las autoridades para perseguir operaciones sospechosas vinculadas a criptoactivos.
Riesgo de acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE
Los dos expedientes abren un nuevo pulso entre Bruselas y España. En el caso de la morosidad, el procedimiento se encuentra en una fase inicial. En el caso del blanqueo de capitales, la situación es más avanzada y el margen para evitar el siguiente paso se reduce.
Si España no corrige las deficiencias señaladas, la Comisión Europea podrá llevar el caso ante el TJUE, lo que podría derivar en una condena y posibles sanciones económicas.
El mensaje de Bruselas es claro: España debe adaptar su normativa a las reglas europeas, tanto para garantizar pagos puntuales entre empresas como para reforzar el control sobre las operaciones financieras y los criptoactivos.
