MADRID – Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este miércoles como querellado ante el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid. A su entrada en las dependencias judiciales de Plaza de Castilla, Rodríguez ha negado tajantemente haber cometido un delito de revelación de secretos al difundir la identidad y la imagen de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp, asegurando que la información no provino de fuentes policiales.
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El núcleo de la declaración de Rodríguez se ha centrado en desmentir que agentes de la Policía le facilitaran los datos de los reporteros que se encontraban en las inmediaciones del domicilio de la presidenta regional. Según su versión, fue un «vecino enfadado» quien le envió una fotografía de los periodistas tras quejarse de que estaban «molestando a su hija menor de edad».
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«La Policía nunca me ha dado ningún dato de nadie. No me hace falta nadie para reconocer a dos personas que conozco», ha afirmado ante los medios. MAR sostiene que, al recibir la imagen, identificó a los reporteros por su trayectoria profesional y que no supo que agentes de paisano los habían identificado oficialmente hasta «después» del incidente.
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El origen de la querella
Los hechos se remontan al 19 de marzo de 2024, en pleno estallido de las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. En aquel momento, Rodríguez envió un mensaje a un chat con numerosos periodistas en el que incluía:
- Los nombres y apellidos de los dos informadores.
- Una fotografía de ambos.
- La acusación de que estaban realizando un «acoso habitual en dictaduras» contra vecinos y menores.
Ese mismo día, un agente de paisano había identificado legalmente a los periodistas mientras estos realizaban su trabajo de investigación. La querella, impulsada inicialmente por el PSOE, busca determinar si el jefe de gabinete tuvo acceso a datos confidenciales de una intervención policial para usarlos con fines de desprestigio.
«No hay secreto»
Rodríguez ha restado importancia jurídica al caso, cuestionando la base de la acusación de revelación de secretos. «¿Dónde está el secreto?», se ha preguntado, argumentando que los afectados son personas públicas que firman sus artículos diariamente. Para el jefe de gabinete, el mantenimiento de la denuncia por parte de los socialistas es una maniobra política para que los ciudadanos le vean entrar en el juzgado y «parezca culpable de algo».
Tras la declaración de Rodríguez, la magistrada también ha tomado testimonio a los dos periodistas perjudicados y a varios testigos para esclarecer si existió una filtración de datos oficiales o si, como sostiene el investigado, se trató de una carambola vecinal.
