La formación localista llevará esta iniciativa al Debate del Estado de la Ciudad el próximo 20 de mayo. Denuncian una grave «desigualdad territorial», la falta de especialistas y el abuso de las externalizaciones por parte del Ingesa.
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CEUTA – El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha anunciado la segunda de sus propuestas clave para el próximo Pleno del Debate del Estado de la Ciudad, que se celebrará este miércoles 20 de mayo. La formación liderada por Fátima Hamed centrará su ofensiva política en la gestión sanitaria, solicitando formalmente que se inste al Gobierno de la Nación a adoptar, previo estudio técnico, un Pacto Nacional por la Sanidad en Ceuta.
Según los localistas, la asistencia sanitaria en la ciudad autónoma —gestionada directamente por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)— atraviesa desde hace años un «periodo crítico» que merma de forma directa la calidad asistencial y sitúa a los ceutíes en una posición de clara desventaja respecto al resto del país.
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Radiografía de una «sanidad precarizada»
Desde el MDyC han enumerado las deficiencias estructurales que, a su juicio, evidencian la desigualdad territorial que sufre la ciudadanía a diario. Entre los principales problemas detectados destacan:
- Déficit de personal y medios: Graves dificultades para atraer y retener a profesionales sanitarios, sumadas a la falta de recursos materiales.
- Falta de servicios clave: Ausencia histórica de una Unidad de Radioterapia en la ciudad.
- Derivaciones constantes: Obligación de trasladar de forma continua a pacientes a la península para recibir tratamientos especializados o atención urgente.
- Incumplimiento de la cartera de servicios: Inobservancia de prestaciones ya reconocidas por ley, como es el caso de los servicios de logopedia.
«El Estado, a través del Ingesa, lleva años sometiendo a los ceutíes a un continuo desmantelamiento de los servicios públicos y a un abuso de la externalización», denuncian con dureza desde la formación.
Amparo constitucional y autonómico
El partido argumenta que la intervención directa de Madrid no es solo una necesidad médica, sino una obligación legal. Para ello, se amparan en el reparto competencial recogido en el artículo 148.1.21 de la Constitución Española y el artículo 21.1.19 del Estatuto de Autonomía de Ceuta, los cuales confieren al Estado la responsabilidad de ser el garante último del derecho a la salud en el territorio.
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Con esta propuesta, el MDyC busca arrancar el consenso de la Asamblea para forzar al Ejecutivo central a implementar medidas urgentes que devuelvan a Ceuta una sanidad «digna, de calidad, accesible y en condiciones de igualdad efectiva».
