Los magistrados concluyen que el fisco impuso liquidaciones y sanciones «contrarias a derecho» al no poder demostrar que la artista residiera en España.
Madrid — Giro de 180 grados en el frente fiscal de las grandes fortunas. La Audiencia Nacional ha estimado íntegramente el recurso de la cantante colombiana Shakira contra la Agencia Tributaria, anulando las liquidaciones y millonarias multas correspondientes al Impuesto sobre la Renta (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio fiscal de 2011. Con esta contundente sentencia, la justicia ordena al fisco español reintegrar un montante superior a los 60 millones de euros a la artista por cargos aplicados de manera indebida.
El dictamen judicial, emitido por la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo, determina de forma explícita que Hacienda no ha sido capaz de acreditar que la intérprete tuviera su residencia fiscal fija en territorio español durante dicho año. El tribunal descarta los argumentos de los inspectores, sentenciando que las sanciones impuestas vulneraron el ordenamiento jurídico al presumir una obligatoriedad impositiva que no correspondía.
El núcleo del debate jurídico radicaba en los días de permanencia física de Shakira en el país. Mientras la inspección tributaria sostenía que la cantante ya residía de facto de forma habitual tras iniciar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la defensa demostró que su domicilio oficial se ubicaba en Bahamas y que permaneció más de 183 días fuera de España por exigencias de su carrera internacional. Los magistrados concluyen ahora que las ausencias prolongadas de la artista no pueden catalogarse como «esporádicas» de manera arbitraria, vaciando de contenido el criterio sancionador de la administración.
Críticas al ‘modus operandi’ institucional
El fallo de la Audiencia Nacional supone un alivio financiero y moral para Shakira tras un complejo periplo administrativo que se ha dilatado durante ocho años. En un comunicado emitido tras conocerse el veredicto, la cantante celebró que los tribunales pongan límites a las actuaciones del organismo público: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”.
Su equipo legal, liderado por el abogado José Luis Prada, cargó duramente contra los métodos coercitivos de recaudación de la Agencia Tributaria, señalando que el sistema actual «asfixia a miles de ciudadanos corrientes que no disponen de los recursos para defenderse» bajo la premisa de obligar al contribuyente a demostrar su inocencia a costa de su propia ruina emocional y económica.
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A pesar del triunfo incontestable para la cantante, este litigio por vía contencioso-administrativa —que avanzaba de forma independiente a la causa penal por la que pactó una multa en 2023 por los ejercicios de 2012 a 2014— no ha escrito su punto final definitivo. Fuentes de la Agencia Tributaria han confirmado de inmediato su intención de elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, alegando además que las devoluciones finales efectivas podrían ser inferiores si parte de los fondos de las sanciones no se hubieran ingresado formalmente todavía.
Un precedente para los perfiles globales
La resolución judicial representa uno de los mayores varapalos para la estrategia de persecución de la residencia fiscal que el Ministerio de Hacienda ha desplegado sobre celebridades internacionales y deportistas de élite en la última década.
Al desvincular el éxito global y las ganancias multinacionales de la cantante de un arraigo obligatorio en España durante el año 2011 —uno de los períodos económicamente más prolíficos en la carrera de Shakira—, la Audiencia Nacional sienta una sólida doctrina legal respecto a la estricta carga de la prueba que recae sobre la Agencia Tributaria frente a perfiles con alta movilidad internacional.
