Un informe de la Policía Local concluye que Antonio Bautista permitía el uso de altavoces saltándose la normativa acústica, mientras que el área de Medio Ambiente reactiva la penalización contra el Ministerio tras caducar el primer proceso.
La Policía Local de Ceuta ha ratificado de forma contundente la infracción de la Ordenanza Reguladora del Ruido, Vibraciones y Contaminación Acústica en el interior del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Según un informe del Cuerpo municipal, los agentes señalan directamente al director de la institución, Antonio Bautista, como responsable de una «inobservancia a sabiendas de la infracción» al haber autorizado de manera sistemática el uso de altavoces y reproductores de música a los internos hasta la medianoche.
El expediente sancionador, abierto por la Ciudad Autónoma contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, continúa en tramitación tras haber tenido que ser reiniciado por la Consejería de Medio Ambiente al caducar el primer proceso abierto el año pasado.
Una práctica común y con «orden directa»
El informe policial desvela que las molestias denunciadas reiteradamente por las urbanizaciones colindantes no responden a hechos aislados, sino a una «conducta común» respaldada por la dirección.
De acuerdo con el relato de los agentes que acudieron al centro ante las llamadas de los vecinos afectados, el propio jefe de Seguridad del CETI —máxima autoridad en ese momento— admitió que los internos tenían permiso de Bautista para utilizar los equipos de música. Las instrucciones de la dirección estipulaban que el personal de vigilancia solo debía intervenir para ordenar el apagado de los aparatos una vez pasada la medianoche.
Además, el responsable de seguridad se negó a identificar a los internos que provocaban los ruidos alegando que cumplía una «orden directa» del polémico director. Ante esto, la Policía Local recuerda en su informe que la normativa contempla sanciones tanto para personas físicas como jurídicas que resulten responsables «aun a título de simple inobservancia», estableciendo responsabilidades subsidiarias y solidarias para quienes tengan el deber de prevenir estas infracciones.
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Un conflicto vecinal que llegó al Pleno
La presión vecinal, especialmente de los residentes de la Urbanización La Colina, se intensificó a lo largo del año pasado debido a la imposibilidad de conciliar el sueño por ruidos de música elevada, palmas, silbidos y vítores. Entre febrero y noviembre de 2025, la Policía Local llegó a confeccionar hasta una decena de requerimientos por exceso de ruido en las inmediaciones del centro.
El conflicto escaló a nivel político el 30 de octubre de 2025, cuando el portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, llevó al Pleno de la Asamblea las quejas y vídeos de los afectados. En respuesta a esta interpelación, el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, decretó la apertura del expediente en diciembre de 2025 y se comprometió a realizar mediciones de ruido de oficio en la zona.
Tras meses de aparente parálisis, la formación política solicitó una actualización del caso, lo que ha obligado a la Consejería a remitir el informe policial que ahora compromete la gestión del director del CETI y reactiva un proceso sancionador que sigue buscando una solución definitiva para el descanso de las familias de la zona.
