La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid advierte de que 40 de ellos ya han alcanzado la mayoría de edad por la «inactividad» de la Delegación del Gobierno y sopesa la vía judicial.
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MADRID.– El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha elevado de forma drástica la presión sobre el Ejecutivo central a cuenta de la política migratoria y la gestión de los menores no acompañados. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales va a exigir formalmente a la Delegación del Gobierno en la región que agilice de manera inmediata el retorno de 110 menores extranjeros con graves problemas de adaptación y perfiles conflictivos. Según denuncia la administración autonómica, la situación de parálisis institucional es tal que 40 de estos jóvenes ya han cumplido los 18 años de edad sin que se haya iniciado trámite alguno para su expulsión.
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El Consejo de Gobierno regional conocerá este mismo miércoles un detallado informe técnico elaborado por la presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña. Este documento será remitido de inmediato al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín, para instarle a cumplir con las obligaciones legales atribuidas a la Administración General del Estado y activar los mecanismos de reunificación familiar previstos en la ley. Hasta el momento, la única respuesta del departamento de Martín ha sido la de asegurar que se encuentran «recabando la información» pertinente.
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Ultimátum judicial y denuncias por estafa
El choque institucional entre la Puerta del Sol y la Delegación del Gobierno viene de largo, pero las cifras se han desbordado en los últimos meses. El pasado mes de octubre, la Comunidad ya dio traslado de 58 expedientes de repatriación individuales, una lista que ahora se ha duplicado sin que conste una sola orden formalizada. Fuentes de la consejería que dirige Ana Dávila han confirmado que, en caso de persistir la inacción o de recibir una negativa injustificada por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de Ayuso ya valora seriamente emprender acciones legales en los tribunales.
Los 110 expedientes afectan a menores tutelados que se encuentran acogidos en su gran mayoría en el centro de Primera Acogida de Hortaleza y en el complejo habilitado en La Cantueña, en la localidad de Fuenlabrada. Al margen de estos perfiles, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid han formalizado ya 16 denuncias ante los juzgados contra inmigrantes identificados como falsos menores, a los que se les imputa un presunto delito de estafa agravada tras demostrarse que se beneficiaron indebidamente de la red pública de protección infantil del Gobierno autonómico.
El interés superior del menor
Desde la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia defienden que la medida de expulsión y retorno propuesta se ampara de manera estricta en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería (4/2000).
Los informes técnicos del Ejecutivo regional sostienen que, dadas las circunstancias de inadaptación de estos jóvenes, la devolución a sus países de origen junto a sus familias y sus entornos sociales de procedencia constituye «lo más adecuado para el interés superior de los niños», argumentando que el sistema de acogida madrileño se encuentra al límite de sus capacidades.
