Madrid — El Partido Popular ha lanzado una dura ofensiva política este jueves tras las últimas revelaciones del sumario del caso Leire. La formación de la oposición ha reclamado de forma inmediata la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que existía una relación previa entre esta última y la exmilitante socialista antes de su nombramiento.
Durante una rueda de prensa, la vicesecretaria de Coordinación Territorial del PP, Alma Ezcurra, ha sido la encargada de fijar la postura del partido, asegurando que la directora de la Guardia Civil «está tardando en marcharse» por presuntamente «intentar laminar» a sus propios compañeros. Las críticas de Ezcurra también se han dirigido con dureza hacia el titular de Interior, de quien afirmó que «ha convertido su departamento en el epicentro de la cloaca».
Te interesa
«Delincuencia de Estado» y críticas a la defensa de Marlaska
La reacción del PP llega en respuesta a las palabras del ministro Marlaska, quien previamente había defendido la «plena honestidad» de Mercedes González, desmarcándose de cualquier tipo de injerencia institucional al asegurar que no tiene «ningún conocimiento de ninguna intromisión» de los mandos de la Guardia Civil sobre los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).
«Me parece muy triste que alguien que un día fue juez hoy esté avalando ataques tan brutales contra investigaciones judiciales», ha replicado con severidad Ezcurra.
Para la dirigente popular, el escenario actual sobrepasa los límites tolerables, llegando a calificar la situación como «delincuencia de Estado». Según el PP, se está utilizando la maquinaria estatal para atacar a los contrapoderes democráticos y «perseguir al que estorba» con el único fin de frenar las investigaciones sobre el entorno personal del presidente del Gobierno. En este sentido, Ezcurra ha advertido que el tiempo de las «dimisiones selectivas» ha terminado: «Tienen que irse todos», sentenció, apuntando en última instancia al propio Pedro Sánchez.
Presión al PNV tras los registros en Tubos Reunidos
El foco de la comparecencia también se ha extendido hacia el País Vasco y los socios de investidura del Ejecutivo. Ezcurra se ha pronunciado sobre el reciente registro efectuado por la UCO en la sede de la empresa Tubos Reunidos en Bilbao y en su factoría de Amurrio, una operación vinculada a una pieza secreta dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.
El PP considera que este movimiento judicial obliga al Partido Nacionalista Vasco (PNV) a posicionarse de manera inequívoca:
- Explicaciones exigidas: Los populares reclaman que el PNV explique a la ciudadanía qué medidas va a tomar ahora que «uno de sus buques insignia se ve manchado por la corrupción» del caso Leire.
- El dilema de la moción de censura: Ezcurra ha trasladado la presión de una hipotética moción de censura a los socios de la coalición, señalando que son ellos quienes deben decidir «si están con o contra la corrupción».
