El magistrado convoca de forma presencial a los tres investigados para cerrar la fase de instrucción, antes de derivar la causa a la Audiencia de Madrid para un juicio con jurado.
MADRID.– El juez Juan Carlos Peinado ha convocado para este lunes la audiencia previa protocolaria con el fin de perfilar el futuro juicio en el que se sentarán en el banquillo Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; su asesora Cristina Álvarez; y el empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres procesados tienen la obligación jurídica de comparecer en persona a la cita, programada para las seis de la tarde, bajo el apercibimiento expreso de ser «conducidos por la fuerza pública» en caso de incomparecencia.
Esta audiencia preliminar supondrá el cierre definitivo de la fase de instrucción del caso. Tras este trámite, el magistrado enviará la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para la celebración de un juicio con jurado popular por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
Estrictas medidas de control y riesgo de fuga
El titular del Juzgado de Instrucción justificó la exigencia de la asistencia física debido a la gravedad de las penas solicitadas, un factor que, según el instructor, «podría provocar alguna conducta (…) tendente a eludir la acción de la Justicia». Ante este escenario de seguridad, fuentes jurídicas han confirmado a EFE que el protocolo en los juzgados será idéntico al de las comparecencias previas, garantizando que la mujer del presidente del Gobierno acceda al edificio a través del garaje por estrictos motivos de protección.
A la sesión judicial están convocados los tres encausados junto a sus respectivos equipos legales, la Fiscalía, las acusaciones populares y los representantes jurídicos de la Universidad Complutense de Madrid, personada como acusación particular en calidad de parte perjudicada por las actividades investigadas.
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Petición de retirada de pasaporte y prohibición de salida del país
Durante el desarrollo de la vista, se prevé que el juez dé la palabra a las defensas y a las acusaciones para fijar sus posiciones definitivas. Asimismo, las acusaciones populares disponen de la facultad legal de formalizar la solicitud de nuevas medidas de contención.
En este sentido, la plataforma Hazte Oír, que coordina la acción de las acusaciones populares, ya planteó formalmente en sus escritos provisionales de abril la aplicación de medidas cautelares estrictas para Gómez, Álvarez y Barrabés. La entidad solicita la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional, la retirada inmediata del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente a firmar en sede judicial, aludiendo a la existencia de un «evidente y fundado riesgo de fuga».
Las pesquisas dirigidas por el juez Peinado comenzaron en abril de 2024, centrando el foco en las presuntas irregularidades ligadas a la cátedra extraordinaria que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, el desarrollo del software informático asociado a dicha formación y las funciones desempeñadas por su asesora personal dentro de la esfera profesional y privada de la investigada.
