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La alianza parlamentaria Libre planteará la creación de comisiones especiales para indagar el supuesto cobro de 200.000 euros a cambio de favorecer al grupo empresarial peruano Gloria durante el Gobierno del MAS.
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La principal fuerza de oposición en el Parlamento de Bolivia, la alianza Libre, anunció este jueves que promoverá de forma inmediata la creación de comisiones legislativas especiales. El objetivo de las mismas será investigar la presunta red de influencia que el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habría ejercido en el país a favor de la empresa peruana Grupo Gloria a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros.
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La determinación se tomó tras conocerse un detallado informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, fechado el pasado 22 de junio. Este documento vincula al exmandatario socialista en una «dinámica de intermediación e influencias» con altas autoridades gubernamentales de Bolivia para beneficiar los intereses del citado conglomerado empresarial.
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En declaraciones a EFE, el senador de Libre, José Ormachea, calificó la apertura de esta investigación como una «tarea legislativa imperativa», argumentando que el caso ha escalado a nivel internacional. «El caso ya ha sobrepasado las dimensiones de Plus Ultra y ya se menciona un posible tráfico de influencias de parte de Rodríguez Zapatero en nuestro país», afirmó el legislador. Ormachea sostuvo que el Congreso tiene la «obligación» de indagar a todos los implicados para remitir un informe conclusivo al Ministerio Público y colaborar estrechamente con la justicia española.
Por su parte, la diputada Lissa Claros avanzó que también formalizará la petición de comisiones de fiscalización en su cámara y anunció solicitudes de informes exhaustivos al Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) y a la Dirección General de Migración para auditar los ingresos y agendas de Rodríguez Zapatero en territorio nacional.
«No podemos permitir la injerencia y que se manipule para poder favorecer con fallos en ciertos casos que se llevan en la Justicia boliviana», denunció Claros. Asimismo, exhortó a la Fiscalía General del Estado a tomar acciones de oficio inmediatas para frenar lo que considera políticas de «impunidad y corrupción» que, según sus declaraciones, fueron validadas durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) encabezados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), estrechos aliados políticos del expresidente español.
Los nexos clave bajo la lupa
El reporte de la UDEF incorpora un dossier anexo de más de 1.000 páginas que recopila conversaciones de WhatsApp entre Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, además de agendas oficiales que apuntalan las sospechas del desvío de fondos en el marco del ‘caso Plus Ultra’.
Dentro de la presunta red institucional en Bolivia aparecen señaladas figuras del más alto nivel del periodo 2020-2025. Entre ellos figura el expresidente Luis Arce —quien se encuentra actualmente en prisión preventiva desde diciembre investigado por corrupción en su etapa previa como ministro de Economía—, tres exministros de Estado, el entonces procurador general del Estado, Ricardo Condori, y la exembajadora de Bolivia en España (2007-2015), Carmen Almendras. A esta última se le atribuye un rol estratégico como presunta «intermediaria» directa entre Zapatero y Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria.
