MADRID — Un total de 1.174.000 personas migrantes han solicitado acogerse al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 50 % de estas peticiones ya han sido admitidas a trámite, lo que otorga de forma inmediata una primera autorización temporal para residir y trabajar legalmente en el país.
Las cifras definitivas se han dado a conocer tras el cierre definitivo del plazo de presentación, que concluyó el pasado martes 30 de junio, y horas antes de que el Ejecutivo desglose el balance pormenorizado en una rueda de prensa oficial.
Un plazo ampliado por las trabas burocráticas
El proceso, que inicialmente arrancó el pasado 16 de abril, tuvo que ser prolongado hasta finales de junio debido a las intensas demandas de los colectivos impulsores, entidades sociales y partidos políticos como Sumar o Podemos. Estas organizaciones advirtieron que el tiempo inicial era insuficiente para que los solicitantes pudieran salvar las diversas trabas burocráticas del proceso.
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Origen de la medida: Este mecanismo extraordinario, aprobado finalmente por el Gobierno mediante real decreto, nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que llegó al Congreso de los Diputados avalada por más de 600.000 firmas ciudadanas, tras haber quedado encallada previamente en la Cámara Baja por la falta de consenso parlamentario.
Requisitos de acceso al proceso
Para poder optar a esta regularización, el decreto ley establecía unos criterios específicos de arraigo y temporalidad:
- Residencia previa: Estar en situación irregular en España desde antes del 1 de enero de este año.
- Tiempo mínimo: Acreditar al menos cinco meses de residencia continuada en el país.
- Solicitantes de asilo: Podían acogerse también quienes hubieran pedido asilo antes de la fecha límite fijada.
- Seguridad: Era condición indispensable carecer de antecedentes penales.
