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CÁDIZ — Agentes de la Guardia Civil se personaron este miércoles en el Edificio Roma de la Diputación Provincial de Cádiz para requerir formalmente los expedientes de cinco contratos de patrocinio de eventos musicales. La actuación se enmarca en una macrooperación judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculados al narcotráfico que tiene como principal investigado al conocido promotor de ocio nocturno y festivales Pascual Llopis.
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La operación, que permanece bajo secreto de sumario, está dirigida por un juzgado de Cádiz en coordinación con la Fiscalía Antidroga. De forma simultánea al requerimiento institucional, los agentes del Instituto Armado realizaron registros en diversos locales de hostelería, oficinas e inmuebles del empresario en las provincias de Cádiz (especialmente en El Puerto de Santa María) y Sevilla.
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Adjudicaciones bajo sospecha por más de un millón
La investigación pone el foco sobre los fondos públicos recibidos por el entramado empresarial de Llopis, concretamente a través de las mercantiles Bahía Luz Restauración, S.L. y Luna Bahía, S.L.. En menos de dos años —entre mayo de 2024 y abril de 2026—, estas sociedades suscribieron cinco contratos negociados sin publicidad que superan el millón de euros en total.
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Entre los expedientes requeridos por las autoridades figuran:
- Circuito ‘Pal Sur Festival’ (2026): El contrato más cuantioso, formalizado el pasado 28 de abril por un valor de 550.000 euros (IVA incluido) para el patrocinio de un festival itinerante que recorre nueve municipios de la provincia de Cádiz.
- Preferia de El Puerto de Santa María (2026): Un contrato de patrocinio firmado en marzo por un importe de 150.000 euros.
- Edición anterior de ‘Pal Sur Festival’ (2025): Con un valor de adjudicación que rozó los 314.000 euros (sin IVA).
- Puro Latino Fest: Un desglose de patrocinios para este multitudinario festival de El Puerto, cuyos expedientes y subvenciones también han sido reclamados paralelamente por la Guardia Civil a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Reacciones políticas y colaboración institucional
Los requerimientos de información se concentraron en las dependencias del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, dirigida por el alcalde de El Puerto de Santa María y vicepresidente de la institución, Germán Beardo (PP). A través de un comunicado oficial, Beardo matizó que «no ha habido ningún registro» en su despacho y recalcó que la Diputación facilitó de inmediato toda la documentación con la «máxima colaboración» hacia los agentes.
Exigencia de la oposición: Ante la gravedad de los hechos, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reaccionado con presteza exigiendo al Partido Popular «la mayor transparencia» posible sobre los contratos otorgados a las firmas del empresario investigado. «Estamos expectantes y con incredulidad. ¿Qué está ocurriendo?», declaró el líder socialista.
