La gestión de los contratos menores, las obras tramitadas por la vía de urgencia y los acuerdos extrajudiciales vuelve a situarse en el centro del debate sobre la transparencia en la Ciudad Autónoma y sus empresas municipales.
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Cada vez son más las voces que denuncian un modelo de gestión basado en el uso reiterado de procedimientos excepcionales que, lejos de responder a situaciones puntuales, se habrían convertido en una práctica habitual. Una dinámica que, según estas críticas, desvirtúa el espíritu de la contratación pública y reduce la competencia y la transparencia.
Los contratos menores nacieron para cubrir necesidades concretas y de escasa cuantía, no para fraccionar servicios con un mismo objeto o repetir adjudicaciones durante un mismo periodo de tiempo hasta superar los límites económicos establecidos por la ley. Cuando esta práctica se convierte en una constante, resulta imprescindible que se ofrezcan explicaciones públicas y se garantice un control efectivo.
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A ello se suma el uso recurrente de la tramitación de urgencia y de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, mecanismos que deberían ser excepcionales y no una fórmula habitual para gestionar contratos o gastos. La reiteración de estos procedimientos genera dudas sobre la planificación y el respeto a los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.
Especial preocupación suscitan las denuncias relativas a determinadas empresas municipales, entre ellas ACEMSA, donde se apunta a que algunas adjudicaciones o subcontrataciones acabarían beneficiando, presuntamente, a empresas vinculadas familiarmente con responsables de determinadas áreas. Si estas circunstancias son ciertas, deberán ser investigadas y aclaradas con absoluta transparencia para descartar cualquier conflicto de intereses.
También preocupa que, según distintas fuentes, determinados expedientes recurran al contrato menor para dar cobertura jurídica a actuaciones que algunos técnicos se niegan a informar favorablemente por considerar que el procedimiento no se ajusta a la normativa. De confirmarse, se trataría de una práctica extremadamente grave que exigiría responsabilidades.
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La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administra cada euro de dinero público, quién recibe las adjudicaciones, por qué se repiten determinados adjudicatarios y cuáles son los criterios técnicos y jurídicos que respaldan cada decisión.
La transparencia no puede ser un simple eslogan institucional. Debe traducirse en expedientes impecables, procedimientos abiertos y una rendición de cuentas permanente. Porque la confianza de los ciudadanos solo se construye con luz y taquígrafos, nunca con la opacidad ni con el abuso de mecanismos excepcionales.
