El colaborador, clave en la desarticulación de una red internacional de narcotráfico, muere debido a una enfermedad mientras los ministerios de Interior y Justicia se responsabilizaban mutuamente del pago.
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MADRID. — Un testigo protegido ha fallecido a causa de una enfermedad sin haber llegado a percibir la recompensa económica de 500.000 euros que la Administración del Estado le adeudaba desde hacía 16 años. Su caso expone un prolongado conflicto burocrático entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, una discrepancia competencial que impidió formalizar la liquidación del dinero pese a las reiteradas advertencias del Defensor del Pueblo.
El fallecido resultó fundamental para desarticular una influyente organización dedicada al tráfico de drogas a gran escala. Su testimonio permitió la condena a penas de entre 4 y 11 años de prisión para el cabecilla de la red, Zoran Matijevic, y otros seis integrantes de la banda, en una sentencia dictada en su día por el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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Consecuencias personales y parálisis institucional
A consecuencia de su colaboración judicial, el testigo protegido y su entorno familiar sufrieron un severo impacto vital y económico:
- Amenazas y cambio de vida: Tras la operación policial, la familia tuvo que abandonar su residencia habitual e instalarse en una nueva ciudad bajo medidas de seguridad, lo que obligó a su esposa a renunciar a su empleo.
- Vulnerabilidad económica: La falta de ingresos y la ausencia del pago prometido sumieron a la familia en una situación de precariedad durante más de tres lustros.
- Llamadas de atención del Defensor del Pueblo: La institución dirigida por Ángel Gabilondo requirió durante tres años información al Gobierno (a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para resolver el bloqueo, recordando la obligación legal de colaborar con las personas que arriesgan su integridad por la justicia.
Continuidad de la reclamación: Tras la muerte del confidente, su familia ha anunciado que mantendrá las acciones legales para exigir el abono de la cuantía adeudada. «Mi padre arriesgó su vida y lo dio todo a cambio de nada; no nos vamos a rendir», ha declarado su hija.
