El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este miércoles por segunda vez la ciudad autónoma de Ceuta tras las entradas migratorias registradas el pasado 30 de julio. Durante su intervención, el líder de la oposición ha denunciado la situación que atraviesan los vecinos de la localidad veinte días después de los acontecimientos fronterizos y ha presentado una batería de propuestas de actuación.
El representante popular ha urgido a la implantación de un plan integral para la protección del territorio que contempla el establecimiento de un mando único, la garantía de inviolabilidad de la frontera, el reconocimiento explícito del estatus de la ciudad en el ámbito europeo y la articulación de un plan de reactivación económica. Entre las iniciativas trasladadas figuran la aplicación de mecanismos para la expulsión o retorno voluntario de quienes hayan accedido de forma irregular —incluyendo a los menores—, así como el restablecimiento de las relaciones con Marruecos bajo criterios de respeto y reciprocidad.
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Críticas a la gestión gubernamental y acciones judiciales
En el transcurso de su comparecencia, Núñez Feijóo ha cuestionado la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalando su permanencia en la residencia de La Mareta durante la gestión de los acontecimientos. El dirigente del PP ha calificado la coyuntura como un problema transversal que afecta a la seguridad nacional, el orden público y la salud pública, al tiempo que ha manifestado que más de 10.000 personas llegadas durante los sucesos de julio continúan en el municipio.
Asimismo, Feijóo ha anunciado la intención del Partido Popular de acudir al Tribunal Supremo. Esta decisión responde a la incomparecencia de varios ministros del Ejecutivo en la Cámara Alta para informar sobre el desarrollo de las actuaciones en la frontera. El líder de la oposición ha censurado el tratamiento institucional ofrecido a los acontecimientos y ha reiterado que el cumplimiento de la legalidad vigente y la protección de los límites fronterizos constituyen un deber constitucional.
