La desclasificación de los informes gubernamentales sobre la entrada de casi 80.000 personas en Ceuta a finales de julio ha desencadenado un duro choque parlamentario. La oposición acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ocultar información intencionadamente, mientras que los socios de investidura muestran división entre el cuestionamiento a Marruecos y las dudas sobre la labor de la inteligencia estatal.
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La oposición exige dimisiones y medidas penales
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Las fuerzas de la oposición han reaccionado con dureza ante la revelación de que el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional emitieron avisos los días previos a las entradas masivas:
- Partido Popular (PP): La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, acusó a Sánchez de perpetrar una «mentira de Estado» tras afirmar en sede parlamentaria y en televisión que no existían alertas previas. Señaló que la Guardia Civil solicitó refuerzos el 8 de julio y que la Policía Nacional advirtió de «riesgo extremo» el día 29. Muñoz calificó la gestión de «dejación dolosa» y exigió la dimisión del presidente y la disolución de las Cortes.
- Vox: La portavoz parlamentaria, Pepa Millán, tildó los hechos de «mentira criminal» y llamó al resto de grupos a activar el artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito de traición.
División y reproches entre los socios de investidura
Las fuerzas que habitualmente apoyan al Ejecutivo han ofrecido lecturas contrapuestas sobre el papel de Marruecos y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
| Grupo político | Portavoz | Posición principal |
| PNV | Maribel Vaquero | Considera que la documentación «corrobora la versión» de que el reino de Marruecos estuvo detrás de la avalancha. |
| Sumar | Enrique Santiago | Defiende la tesis de Moncloa al sostener que los informes no preveían el volumen masivo de la entrada y cuestiona la diligencia en la transmisión de alertas por parte de las Fuerzas de Seguridad y el CNI. |
| ERC | Gabriel Rufián | Sostiene que la desclasificación evidencia que «una parte del Estado [el CNI] está en contra del Gobierno y el Gobierno no la controla». |
