Según un estudio demoscópico de 40dB, la ciudadanía rechaza de forma mayoritaria la autorregulación por oferta y demanda y exige al Estado fijar reglas para contener las rentas a costa del lucro privado.
España | Frente al debate sobre el modelo regulatorio del mercado inmobiliario, la sociedad española se decanta de forma contundente por la intervención pública. Una amplia mayoría de la ciudadanía defiende que el Estado debe establecer reglas y límites al precio del alquiler para frenar la escalada inflacionista a costa del beneficio privado, desplazando la tesis de que el sector debe autorregularse exclusivamente bajo la ley de la oferta y la demanda.
Así lo atestigua la encuesta monográfica sobre vivienda realizada por la firma 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, basada en 2.000 entrevistas cursadas a finales de septiembre, tras el impacto social del desahucio de Maricarmen Abascal y en las vísperas de la aprobación de las medidas de urgencia del Ejecutivo.
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Un consenso social que desborda el eje izquierda-derecha
Si bien la exigencia de un control público sobre el mercado del alquiler es masiva entre el electorado de las fuerzas de izquierda y progresistas, el estudio pone de manifiesto que este posicionamiento supera la divisoria ideológica habitual.
La preferencia por la intervención estatal no solo arrasa en el bloque de la izquierda, sino que se impone también —aunque con márgenes más ajustados— entre los votantes del Partido Popular y de Vox. Los datos revelan un cambio de paradigma social en el que la ciudadanía, al margen de su adscripción política, percibe la escalada de precios de la vivienda como una problemática crítica que requiere la acción reguladora directa de las administraciones públicas para garantizar el acceso al techo.
