Los sindicatos UGT y CCOO han confirmado la convocatoria de una huelga general para el próximo 11 de noviembre. Esta movilización, que coincide con la propuesta de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), busca reivindicar el derecho a la vivienda y exigir salarios más altos. La fecha elegida se sitúa dos días antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.
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El anuncio de la huelga fue realizado por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una entrevista en RTVE. La decisión fue respaldada por un comunicado conjunto de CCOO y UGT emitido la tarde de este miércoles, en el que se confirmaba la fecha de la convocatoria.
Apoyo y críticas a la huelga
Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su apoyo a la convocatoria y a la fecha elegida. Bolaños ha afirmado que «no es campaña electoral y es una fecha que han elegido los sindicatos», compartiendo los motivos de la protesta que buscan reivindicar salarios más altos y un derecho a la vivienda asequible.
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La huelga general ha sido criticada por los empresarios, quienes consideran que tiene un trasfondo político y electoral. La CEOE y Cepyme han calificado de «inadmisible» la huelga, argumentando que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado que podría ser ilegal al no responder a motivos laborales.
Motivaciones de la huelga
La movilización ha sido impulsada por los sindicatos de inquilinas y cuenta con el apoyo de otras organizaciones como CGT, CIG, ELA, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas. La huelga se convoca en respuesta al rechazo en el Congreso de los Diputados a los decretos sobre vivienda, que fueron aprobados posteriormente por el Consejo de Ministros con algunas modificaciones.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha enfatizado que la huelga no solo trata sobre vivienda, sino también sobre la necesidad de aumentar los salarios en un momento de estancamiento en las negociaciones con la patronal CEOE. Según los sindicatos, la huelga interpela a las administraciones públicas y a las organizaciones empresariales para que asuman que los salarios deben garantizar el acceso a una vivienda digna.
Algunos sindicatos, como CSIF, han manifestado que no secundarán el paro general, al considerar que tiene «indicaciones políticas». Sin embargo, Pepe Álvarez de UGT ha defendido la legalidad de la huelga, argumentando que existe una relación directa entre la vivienda y los salarios.
