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VITORIA — Quince años después de que el 20 de octubre de 2011 la dirección de ETA anunciara el cese definitivo de la actividad armada, la población reclusa vinculada a la extinta organización terrorista se ha reducido drásticamente. De los 700 militantes y simpatizantes que se encontraban encarcelados en prisiones de España y Francia en el momento del comunicado, en la actualidad permanecen unos 110 condenados cumpliendo sus penas, de los cuales más de la mitad disfruta de un régimen de semilibertad.
Tras el acercamiento generalizado de reclusos iniciado en 2018 y la asunción de la competencia penitenciaria por parte del Gobierno Vasco en octubre de 2021, la totalidad de los presos en España cumple condena en las tres cárceles vascas y en la de Navarra. La única excepción fuera del territorio nacional la constituyen Mikel Karrera Sarobe y Saioa Sánchez Iturregi, quienes continúan recluidos en Francia cumpliendo condena por el asesinato de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton en 2007.
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Claves del viraje penitenciario y el régimen actual
El escenario actual es fruto de dos momentos determinantes en la última década:
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- Reconocimiento del daño (2013): La decisión del colectivo oficial de presos de ETA (EPPK) de acatar la legislación penitenciaria de forma individual y reconocer el «daño causado», abandonando la exigencia histórica de amnistía colectiva.
- Transferencia de prisiones a Euskadi (2021): El traspaso de las competencias penitenciarias al Ejecutivo autonómico ha derivado en la concesión por parte del Departamento vasco de Justicia de 129 terceros grados (36 de ellos recurridos por la Fiscalía de la Audiencia Nacional) y 54 aplicaciones del artículo 100.2 del reglamento.
En la actualidad, de los 94 presos adscritos al colectivo EPPK, un total de 68 se encuentran en régimen de semilibertad (43 mediante el tercer grado y 25 a través del artículo 100.2), según datos de la asociación Etxerat. Entre ellos figuran exdirigentes de la banda como Soledad Iparragirre (Anboto), Henri Parot, Garikoitz Aspiazu (Txeroki) o Juan Antonio Olarra Guridi. Por su parte, un grupo minoritario de 11 reclusos más disidentes declinaron acogerse al EPPK y se encuadran en la agrupación Tinko, que sigue reclamando la amnistía total.
Controversia política y social
Muestras de la brecha existente, mientras el Gobierno Vasco defiende que su actuación se ajusta estrictamente a la legalidad vigente para favorecer la reinserción de personas que ya han cumplido largos años de condena, colectivos de víctimas como Covite y la AVT denuncian que este modelo equivale a una «amnistía encubierta». Asimismo, desde el ámbito político, formaciones como el PP y Vox critican la concesión de estos beneficios penitenciarios al vincularlos con los acuerdos parlamentarios entre el Gobierno central y EH Bildu.
