La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz ha dado un giro significativo tras las advertencias formuladas por los peritos designados por el juzgado de Montoro. La magistrada titular, Cristina Pastor, ha requerido de forma urgente a Adif la entrega inmediata de todo el expediente relativo a las obras de emergencia ejecutadas en el tramo donde colisionó el convoy, un siniestro que se cobró la vida de 46 personas. La decisión se produce después de que los técnicos hayan alertado formalmente de que no disponen de «ninguna documentación» sobre los trabajos de reacondicionamiento y renovación de desvíos realizados por la empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes.
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La providencia del juzgado exige a la entidad gestora de la infraestructura la aportación de todos los informes de auscultación efectuados en el trazado cordobés, poniendo especial foco en las mediciones tomadas antes de la recepción de los trabajos y en las fechas posteriores al trágico suceso del 18 de enero. Asimismo, la instrucción ha reclamado los expedientes de compra de balasto destinados a la base de mantenimiento de Hornachuelos, con el objetivo de verificar si las piedras y materiales de la vía cumplían con los estándares técnicos requeridos para la alta velocidad.
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Incertidumbre sobre la renovación de desvíos firmada semanas antes del siniestro
Los peritos encargados del análisis técnico han reflejado en sus conclusiones preliminares serias dudas sobre la ejecución de los trabajos por parte de Adif-AV. En el sumario judicial, los expertos señalan como una coincidencia «cuanto menos curiosa» que los aparatos de vía del Puesto de Banalización de Adamuz fueran sometidos a tareas de renivelación y ajuste de la rasante del carril idénticas a las realizadas en el punto exacto donde se produjo la posterior rotura de la soldadura.
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El elemento que ha encendido las alarmas de los investigadores es que el acta de recepción oficial de estas obras de renovación fue firmada el 19 de diciembre de 2025, apenas un mes antes de la catástrofe y cuando la infraestructura se encontraba aún dentro del periodo legal de garantía. Este hallazgo ha llevado a la representación pericial a cuestionar el rigor del control de calidad aplicado antes de autorizar la reapertura comercial de la línea.
Blindaje de la cadena de custodia para evitar manipulaciones en las muestras
Para evitar interferencias en el procedimiento, la jueza instructora ha blindado el protocolo de análisis de las evidencias recogidas en el lugar del accidente. La Guardia Civil asumirá en exclusiva la custodia, el transporte y la entrega de los materiales metálicos e indicios biológicos hacia los laboratorios especializados, debiendo documentar mediante acta confidencial cada traslado o manipulación de las piezas.
La magistrada ha apercibido formalmente a las entidades analíticas para que extremen las medidas de seguridad sobre las probetas extraídas, estableciendo un plazo máximo de dos meses para la conclusión de los ensayos. Las pruebas de laboratorio se ejecutarán en presencia obligatoria de la policía judicial y de los peritos de la causa, garantizando que el proceso de investigación sobre la red ferroviaria se desarrolle bajo un estricto principio de reserva probatoria.
