Cerca del 70% de los 8.000 adultos identificados desde la entrada masiva de julio no acude a su cita con la Policía Nacional, paralizando de facto los expedientes de repatriación.
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Tres meses y medio después de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio, la gestión administrativa y policial de la crisis se encuentra en un callejón sin salida. Según datos policiales, más de 5.500 personas que habían iniciado trámites para ser expulsadas se encuentran actualmente en paradero desconocido dentro de la ciudad autónoma, tras no presentarse a sus entrevistas de asilo.
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Desde el episodio de julio, la Policía Nacional ha abierto cerca de 8.000 expedientes de expulsión a ciudadanos adultos, a los que se suman alrededor de 3.700 menores no acompañados identificados. Estas casi 12.000 personas forman parte del contingente que permanece en la ciudad, después de que más de 88.000 regresaran de forma voluntaria en las semanas posteriores al salto, según balances de la Guardia Civil.
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Un bloqueo administrativo en el procedimiento «preferente»
El protocolo aplicado por las patrullas que localizan a personas indocumentadas en la vía pública comienza con una fase de triaje —toma de huellas, fotografía y asignación de un número de NIE— que activa un expediente de expulsión por la vía «preferente», diseñada originalmente para acortar plazos.
Sin embargo, el proceso se detiene en el siguiente eslabón: la inmensa mayoría de los identificados manifiesta su voluntad de pedir protección internacional, lo que obliga a citarles unos tres días después para una entrevista formal. Llegada la fecha, apenas un 27,5% (unos 2.200 solicitantes) acude a la cita. Fuentes policiales apuntan a que muchos reciben asesoramiento para evitar la entrevista, ante la alta probabilidad de que se les deniegue el asilo —especialmente a los ciudadanos marroquíes—, lo que reactivaría de inmediato su orden de expulsión.
De este modo, el expediente solo puede retomarse si una patrulla vuelve a identificar a la persona en la calle, una tarea compleja dado que quienes eluden el proceso suelen evitar las zonas con presencia policial, mientras cada jornada se siguen detectando decenas de nuevos casos sin documentar.
Falta de medios técnicos y saturación de recursos
A la incomparecencia de los solicitantes se suma la lentitud de las entrevistas que sí llegan a celebrarse, al requerir la presencia obligatoria de un abogado y un intérprete. Aunque la Policía Nacional dispone desde hace dos años de un software de traducción automática que agilizaría estas gestiones, el Ministerio del Interior ha denegado en al menos dos ocasiones su autorización para Ceuta alegando posibles conflictos con la ley de protección de datos.
Mientras tanto, la presión sobre los servicios asistenciales de la ciudad autónoma se mantiene al límite:
- Menores sin tutela: Los cerca de 3.700 menores identificados no pueden ser expulsados por ley. La ONG Coordinadora de Barrios denunció este domingo que más de 500 de ellos duermen actualmente en las calles de Ceuta sin cobertura institucional.
- Ausencia de traslados: A diferencia de la gestión aplicada en El Hierro, desde donde ya se realizan derivaciones hacia la Península para aliviar la sobrecarga insular, en Ceuta no se han activado traslados para los cerca de 8.000 adultos ni para los menores, cronificando el colapso de la ciudad.














