CSIF denuncia que «lo que pretende el Gobierno al encargar a TRAGSA la gestión de las Brigadas Verdes (BBVV) no sólo traerá problemas sino que además, entendemos que podría no ser legal».
Según alegan desde el CSIF, «desde hace ya varios años, el Gobierno sigue posponiendo el problema originado por la gestión de las Brigadas Verdes en lo referente a la justificación anual de parte de la subvención recibida, sin atajar el problema de raíz para, de una vez por todas, finiquitarlo».
El sindicato añade que el Gobierno pretende con esta medida «no solucionar el problema sino trasladarlo a otro organismo», en este caso, TRAGSA, una empresa privada de ámbito estatal, «que, por poner un ejemplo, esta planeando un ERE de unos 836 trabajadores en otra comunidad«.
El CSIF critica que «antes de tomar cualquier acción» se debería haber resuelto «el problema existente y haber tomado las medidas administrativas y judiciales pertinentes en el caso de que sean necesarias. Para luego, estudiar y tomar la decisión para que la gestión de las BBVV se realice de la forma más optima posible».
Finalmente, para el CSIF, la decisión del Gobierno de «traspasar las Brigadas Verdes a TRAGSA solo demuestra su falta de ideas, su poca implicación con el empleo público en Ceuta y deja claro que el futuro de las Brigadas Verdes no importa lo más mínimo a este Gobierno. No se pueden olvidar de un día par otro los 12 años que las Brigadas Verdes han realizado labores para la Ciudad Autónoma y dejarlos desamparados en una situación de incertidumbre, sin estabilidad laboral alguna, y todo por la gestión del Gobiernos».
