Entre los cambios más destacables están las modificaciones relacionadas con las ayudas a las enfermedades raras, así como la ampliación de la cobertura de alojamiento a las familias más vulnerables
Dunia Mohamed, Consejería de Servicios Sociales ha explicado a El Foro de Ceuta que la consejería tiene entre una de sus prioridades «la modificación de los distintos Reglamentos que regulan las ayudas sociales, con la finalidad de hacerlo más asequible al ciudadano y ajustarlo a las necesidades que van surgiendo y son demandadas por los mismos. Por ello y ante estas circunstancias se van a añadir nuevas prestaciones y modificar las que han quedado obsoletas ante nuevas necesidades sociales».
El actual Reglamento de Prestaciones Básicas data de 2010 y «estamos adaptándolo a los nuevos supuestos y futuros escenarios ante el cambio de circunstancias económicas y sociales que viene sufriendo la Ciudad, para prestar apoyo a las familias más vulnerables y necesitadas».
Uno de los cambios más significativos es la ayuda a las enfermedades raras, las ayudas para celiacos, se quiere incluir «un nuevo ítem para conceder las ayudas. Como tener presente ingresos familiares para establecer porcentaje a cubrir, tener en cuenta número de hijos, si algún miembro tiene diversidad funcional, la monoparentalidad». En este caso, «el abono para suministro no irían por un número concreto, en la actualidad el art. 43 cita que la prestación no podrá exceder de seis ayudas anuales, irían por un tope económico facilitando así el abono de cuantos recibos sean necesarios en un año».
En el caso de las modificaciones del Reglamento de Alojamiento Alternativo, que es «el reglamento que regula las ayudas económicas que se destinan a usuarios que necesiten un apoyo económico para sufragar un tanto por ciento del recibo mensual de alquiler, así como las personas que necesiten un alojamiento de urgencias por diversos motivos, como el derrumbe, incendios, inundaciones, desahucios etc… sufrirá unas modificaciones con el objeto de que se adecúe a la actual realidad social«.
Entre las modificaciones que se quieren realizar están el «añadir el pago de la fianza en casos de falta de recursos económicos para afrontar la misma; aumentar el tiempo de prestación de 60 mensualidades -aunque aún no está decidido cuánto periodo de carencia se ampliará- a la unidad de convivencia formada por personas mayores de 65 años y pensionistas, a la unidad de convivencia donde conste un miembro o más con enfermedades raras o graves; unidades de convivencia donde la persona que trabaja tiene una discapacidad mayor del 65% que le incapacite a trabajar; a familias en grave situación de exclusión social y sin ingresos o insuficientes y a familias con precariedad económica y con personas dependientes a su cargo».
