La organización exige al Gobierno español que garantice condiciones de vida dignas y traslados rápidos a la península cuando no se pueda ofrecer la atención necesaria
Amnistía Internacional (AI) ha pedido al Gobierno español que adopte medidas urgentes para garantizar condiciones de vida adecuadas en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, así como el traslado inmediato a la península de aquellas personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. La organización considera prioritario actuar cuando estos centros no pueden proporcionar la atención específica que requieren determinados colectivos, según ha informado Europa Press.
A través de su Equipo de Migración y Refugio, AI ha señalado que entre las personas que necesitan una atención preferente se encuentran aquellas con discapacidad, familias con menores en edad escolar, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud mental, víctimas de trata, de violencia de género, violencia sexual o tortura, así como personas del colectivo Lgbtiq+.
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La organización ha recordado que los CETI de Ceuta y Melilla acogen a inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de España. Aunque se trata de centros de carácter asistencial y las personas alojadas no están privadas de libertad, Amnistía Internacional advierte de que su gestión presenta “serios problemas de derechos humanos”, agravados por la falta de transparencia y la aplicación de criterios administrativos desiguales.
Personas en situación de extrema vulnerabilidad
Según la ONG, en el CETI de Ceuta la mayoría de las personas acogidas procede del continente africano, muchas de ellas tras acceder a la ciudad a nado y en una situación de extrema vulnerabilidad, sin recursos económicos, lo que en algunos casos las obliga a vivir en la calle antes de poder acceder al centro. En Melilla, sin embargo, el perfil ha cambiado en los últimos años, ya que una parte mayoritaria de las personas acogidas es de origen latinoamericano. Muchas de ellas llegan desde la península por vía aérea para formalizar su solicitud de asilo ante las dificultades para conseguir cita en otras ciudades españolas.
Amnistía Internacional también ha recogido testimonios de personas que aseguran haber sido víctimas de devoluciones en caliente en el mar por parte de las autoridades españolas, incluso en más de una ocasión, una práctica que la organización considera contraria a los derechos humanos.
En cuanto al tiempo de permanencia en los CETI, AI ha explicado que este “varía en función de cada caso y depende en gran medida de decisiones administrativas”. Generalmente, las personas permanecen en estos centros hasta que son trasladadas a la península por el Ministerio del Interior o hasta que se ejecuta una orden de devolución o expulsión.
La ONG ha denunciado la ausencia de una normativa clara y pública que establezca cuándo deben producirse los traslados a la península, lo que genera incertidumbre y situaciones de desigualdad. En la práctica, sostiene la organización, se han aplicado criterios desiguales que favorecen traslados más rápidos para determinadas nacionalidades o perfiles, mientras otras personas permanecen durante periodos más prolongados en los centros.
Centros con capacidad superada
Según los datos técnicos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la capacidad oficial de los CETI es de 686 plazas en Melilla y 512 en Ceuta. No obstante, Amnistía Internacional ha advertido de que estos centros superan con frecuencia su capacidad, especialmente durante los meses de mayor presión migratoria, como el verano.
La organización también ha alertado de las dificultades adicionales que afrontan las personas de nacionalidad marroquí o argelina para solicitar asilo. De acuerdo con testimonios recogidos en abril de 2025, estas personas no pueden formalizar su solicitud desde el propio CETI de Ceuta y deben hacerlo a través de una aplicación móvil, lo que exige disponer de un teléfono español, conocer el idioma y el procedimiento, además de competir por citas que se agotan rápidamente.
Amnistía Internacional ha concluido que la vulneración de derechos humanos en las fronteras españolas se produce de forma sistemática, en un contexto marcado por el racismo estructural y la falta de transparencia en los protocolos que regulan los procedimientos y la gestión de los centros. En este sentido, la organización ha advertido de que la gestión de los CETI en la frontera sur de España se caracteriza por la arbitrariedad administrativa y reiteradas vulneraciones de derechos humanos.
