La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha reclamado al Estado la implantación de un sistema de financiación “estable y suficiente” que permita a la Ciudad Autónoma sostener los servicios sociales que actualmente presta y que, en otros territorios, son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
En una entrevista concedida a este medio, Chandiramani explicó que Ceuta soporta una presión presupuestaria creciente debido a la elevada demanda en ámbitos como la atención a menores, la dependencia y los servicios sociales básicos. “Asumimos competencias superiores a nuestro nivel administrativo sin contar con una estructura autonómica ni con una financiación acorde”, subrayó.
La responsable de Hacienda destacó que estas políticas sociales representan una de las partidas más importantes del presupuesto anual, tanto por su volumen económico como por su impacto directo en la ciudadanía. A pesar de ello, aseguró que la Ciudad ha cumplido con sus obligaciones gracias a una gestión prudente y a un esfuerzo continuo por optimizar los recursos disponibles.
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Chandiramani insistió en que la eficiencia interna tiene límites y advirtió de que “no puede compensar indefinidamente un déficit estructural en la financiación de servicios obligatorios”. En este sentido, reclamó que el modelo estatal tenga en cuenta la singularidad de Ceuta y la carga económica que supone asumir competencias que exceden las propias de una ciudad autónoma.
La consejera señaló que la falta de estabilidad financiera dificulta la planificación a medio y largo plazo, tanto para la Administración como para las entidades del tercer sector que colaboran en la prestación de servicios. “Estas organizaciones necesitan previsión para poder desarrollar su labor con garantías”, explicó, añadiendo que la ausencia de un marco plurianual obliga a afrontar cada ejercicio con incertidumbre.
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Durante los últimos años, según indicó, se han introducido mejoras en la gestión presupuestaria, especialmente en el control del gasto, la tramitación administrativa y la coordinación entre departamentos, con el objetivo de agilizar pagos y evitar retrasos en los servicios concertados.
Chandiramani recordó que Ceuta registra picos de demanda muy superiores a los de otros territorios con una población similar, especialmente en materia de menores y atención de emergencia, lo que incrementa la presión sobre las arcas públicas.
Pese a las dificultades, reiteró el compromiso del Gobierno local con la política social, que definió como una inversión clave para la cohesión y la estabilidad de la ciudad. “Seguiremos reclamando un trato justo, porque la realidad de Ceuta no es comparable a la de otros territorios y necesita mecanismos específicos”, afirmó.
La consejera concluyó asegurando que el Ejecutivo ceutí mantendrá abiertos los canales de diálogo con el Ministerio para defender esta reivindicación “con rigor técnico y documentación”, ya que, según señaló, “no se trata de una cuestión política, sino de justicia y responsabilidad con la ciudadanía”.
