El sindicato señala que la Inspección de Trabajo iniciará un «procedimiento sancionador por infracción grave derivada de la transgresión de los derechos de información, audiencia, consulta y participación de los dos miembros de CGT en el comité de Empresa de las Brigadas Verdes», dejando además «abierta la vía de interposición de demanda ante la jurisdicción social por la vulneración de estos derechos básicos de los representantes de los trabajadores»
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Desde la CGT anuncian que este martes han recibido la resolución administrativa sobre denuncia interpuesta por el sindicato el pasado mes de febrero y adelantan que la Inspección de Trabajo va a iniciar un «procedimiento sancionador por infracción grave derivada de la transgresión de los derechos de información, audiencia, consulta y participación de los dos miembros de CGT en el comité de Empresa de las Brigadas Verdes en los términos legalmente establecidos, dejando además abierta la vía de interposición de demanda ante la jurisdicción social por la vulneración de estos derechos básicos de los representantes de los trabajadores».
Así, CGT explica que el citado procedimiento «vino precedido de un requerimiento de la Inspección de Trabajo con fecha 13 de julio, en el que instaba a la empresa a dar cumplimiento a sus obligaciones legales conforme a lo establecido en el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores» y que el mencionado requerimiento recibió respuesta el 28 de julio «mediante escrito remitido por correo electrónico en el que empresa y presidente del Comité (CCOO) intentan dar por cumplimentado el requerimiento afirmando que debido a ‘la sintonía y confianza mutuas entre la mayoría del comité y la empresa no se puede aportar documentación acreditativa alguna sobre el cumplimiento de obligaciones ya que la misma no existe.’”.
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De este modo, la CGT celebra que la Inspección de Trabajo procederá a extender «acta de infracción en grado grave conforme a la tipificado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)» y asegura que esta resolución «deja en evidencia, por un lado la connivencia de CCOO-UGT con la Federación de asociaciones de Vecinos de Ceuta, empresa concesionaria de las Brigadas Verdes, y por otro el incumplimiento de los básicos derechos de los representantes de los trabajadores que quieren hacer sus funciones y fiscalizar el desarrollo de las relaciones laborales en la empresa, entre los que se encuentran el conocimiento de las cuantías económicas de la concesión, los costes de explotación, etc. Para CGT Ceuta es muy bienvenida la actuación inspectora, a las puertas del juicio por cesión ilegal previsto para el próximo día 10 de septiembre ante el Juzgado de lo Social».
