Esta mañana ha habido una concentración en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV). Convocada por un grupo de vecinos y vecinas en la tarde de ayer por Whatsapp, tenía como fin denunciar las supuestas irregularidades en la contratación de las Brigadas Verdes, gestionadas por la FPAV, así como el cobro de facturas falsas por importes de hasta 400.000 euros. Hasta la FPAV se han trasladado varias unidades de Policía Local y UIR
Esta mañana la puerta de la FPAV se ha convertido en un circo lleno de tensión. Acusaciones y denuncias por parte de quienes habían convocado y promesas por parte de un portavoz accidental de la Federación de vecinos. Entre gritos y reproches hacia la Federación, las convocantes acusan a la Federación de Vecinos y a miembros con nombres y apellidos de colocar a dedo a sus familiares en las Brigadas Verdes. Sin pruebas que lo confirmasen, también han dicho que un antiguo presidente había hecho «desaparecer» 400.000 euros.
Naima, mujer del presidente de Bermudo Soriano, ha explicado a los medios que ella apoyó al actual presidente de la FPAV porque «iba a destapar todo esto», pero lamenta que hayan firmado «un contrato de confidencialidad y que la Junta Directiva no puede sacar este tema. Si saca lo de los 400.000 euros se va a ver salpicada la Ciudad Autónoma y los trabajadores». Naima dice que el actual presidente está «manipulado, es como una marioneta en manos de gente que le dice a quién tiene que meter o no».
«La Ciudad Autónoma no hace nada por mirar lo que está pasando», acusa Naima, que se teme que «aquí tienes que usar el insulto, tener supuestamente pistola o ser mafioso para que lo puedan crujir como al actual presidente. Estamos indignadas porque los familiares de actuales trabajadores están haciendo un curso en una academia para poder meterlos en las Brigadas Verdes» ha asegurado. «Esto va a estallar» ha augurado Naima, que dice que «han entrado -a las Brigadas- casi todos los presidentes -de Asociaciones de Vecinos- y ahora los hijos, y cuando vayamos a hablar ya estarán los nietos». Dice que hay oportunidad de trabajar en las Brigadas pero «con dinero bajo la mesa. Yo si llego a tener 3.000, 4.000 o 5.000 euros, mi hijo estaría trabajando, porque me lo han ofrecido, pero no tengo pruebas».
Naima dice que iba a venir mucha gente, pero «les han amenazado, les han dicho que no se os ocurra ir a la concentración» dice que les han dicho que «como vayáis os cortamos el cuello».
Otra de las manifestantes, en un tono mucho más tenso, mantenía una discusión con el representante de la Federación, Ali Hamido. Le acusaba de tener una bolsa de trabajo para contratar en las Brigadas Verdes y que esta no se había usado.
La FPAV promete una bolsa de trabajo
Por su parte, Hamido ha asegurado que no hay ninguna bolsa, pero que a partir de ahora la habrá «se va a crear ya, hoy tenemos una reunión y crearemos una bolsa de trabajo para que no haya más conflicto». Hamido, ha reconocido ante la insistencia de una de las manifestantes que ha habido una contratación en los últimos días, pero que esta contratación es algo temporal «ese hombre esta muy necesitado y hemos sido humanos, no es fijo, está cubriendo una baja y estaba muy necesitado».
Presencia de PSOE, Vox y Podemos
Manuel Hernández y Juan Gutiérrez del PSOE y Carlos Verdejo de Vox se han acercado para conocer de primera mano qué estaba ocurriendo. Nabila Soliman de Podemos, también ha estado, pero ha mostrado abiertamente su apoyo a los convocantes.
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El Gobierno responde
Durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel ha dicho que «todos los colectivos tienen derecho a manifestarse si algo consideran que no va bien. El ánimo de este Gobierno y el ánimo del que nos suceda será mejorar y reparar lo que no haya funcionado suficientemente bien».
«Ruego que este tipo de acusaciones se lleven donde se tengan que llevar con las pruebas que se tengan, que no se quede en una manifestación»
En cuanto a las acusaciones de enchufismo, Hachuel ha sido contundente «enchufismo en este Gobierno, desde luego que no. Eso no significa que ellos no tengan sospechas, pero estas sospechas tienen que materializarse en una denuncia, por conducto reglamentario, tiempo y forma». El portavoz del ejecutivo ha insistido: «lo niego, si tienen algún dato, que lo denuncien en el lugar adecuado y se investigará».
Hachuel ha sido tajante, «si realmente termina concretándose que ha habido un fraude a la agenda pública la ley caerá con todo su peso. Ruego que este tipo de acusaciones se lleven donde se tengan que llevar con las pruebas que se tengan, que no se quede en una manifestación».
