El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tomado una medida audaz al promulgar la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos mediante decreto. Esta acción se produce después de que la Asamblea Nacional archivara el proyecto, argumentando que imponía una carga impositiva adicional a los ciudadanos.
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Conocida popularmente como la ‘Ley Antipillos’, esta normativa ha sido enviada para su publicación en el Registro Oficial, a pesar de haber sido rechazada por una amplia mayoría en el Legislativo. El Ministerio de Gobierno ha destacado que esta ley es una herramienta crucial para atacar las economías narcodelictivas y las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
El Ejecutivo ha defendido su decisión de emitir la ley por decreto, afirmando que ha actuado con determinación y dentro del marco constitucional. Según el Gobierno, esta medida representa un compromiso firme para devolver la paz y la tranquilidad al país.
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Críticas de la Oposición
La oposición ha criticado duramente la nueva ley. Durante el debate legislativo, el asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye expresó que la propuesta no aborda adecuadamente el problema del lavado de activos, ya que no enfrenta el análisis y verificación del origen ilícito de los recursos económicos.
Por su parte, el asambleísta socialcristiano Jorge Acaiturri señaló que la ley encubre impuestos disfrazados como medidas de control contra las economías criminales, calificándola de carente de lógica.
Contexto de Seguridad en Ecuador
Ecuador enfrenta un grave problema de seguridad, siendo el país con más homicidios per cápita en Latinoamérica en 2023. La violencia ha sido atribuida a grupos criminales involucrados en el narcotráfico, extracción ilegal de minerales y otros delitos.
En respuesta, el Gobierno de Noboa ha implementado reformas tributarias y decretado estados de excepción, catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas. Estas acciones incluyen la militarización de cárceles controladas por estructuras criminales.
A pesar de una disminución reportada del 17% en homicidios, las denuncias de extorsiones y secuestros continúan, subrayando la necesidad de medidas efectivas como la ‘Ley Antipillos’ para combatir el crimen organizado.
