Eduardo Zaplana, exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana, ha sido condenado a más de 10 años de prisión por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación. La sentencia, emitida por la Audiencia Provincial de Valencia, se centra en irregularidades en la concesión de las ITV y el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana.
En un comunicado, Zaplana expresó su decepción, alegando que la condena se basa en «acuerdos opacos» sin evidencia objetiva de su participación. A pesar de su desacuerdo, mantiene su confianza en la justicia y planea recurrir la sentencia, esperando que eventualmente se reconozca la falta de fundamento de las acusaciones.
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El Partido Popular (PP) ha mostrado respeto hacia la decisión judicial, aunque subraya que la sentencia aún no es firme. Ana Alós, vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, destacó que el partido ha sido implacable contra la corrupción y que cualquier culpable debe rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, también señaló que el caso se remonta a dos décadas atrás y que Zaplana lleva 16 años fuera de la política activa.
Por otro lado, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ve la condena como una «victoria de los valencianos» contra los años de corrupción del PP en la región. Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE, criticó al actual gobierno valenciano, afirmando que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, pertenecía al gobierno de Zaplana y debe dar explicaciones.
Joan Baldoví, portavoz de Compromís, también criticó a Mazón, calificándolo como «el hijo político de Zaplana» debido a su implicación en el gobierno del exministro. Baldoví expresó su preocupación por la continuidad de prácticas corruptas en la política valenciana y acusó al PP de manipular la Agencia Valenciana Antifraude.
Las reacciones políticas reflejan las tensiones entre los partidos en Valencia, con el PP defendiendo su postura y el PSOE aprovechando la situación para criticar la gestión pasada del PP. Mientras tanto, Zaplana sigue luchando por limpiar su nombre, confiando en que las instancias superiores revertirán su condena.
