El Centro Penitenciario de Fuerte Mendizábal ha puesto en marcha el primer estudio integral para medir la concentración de gas radón en la ciudad, convirtiéndose en la primera institución de la Ciudad Autónoma en realizar un análisis completo conforme a la normativa estatal vigente. La iniciativa parte del Comité de Seguridad y Salud Laboral del recinto y persigue garantizar un entorno de trabajo seguro para toda la plantilla.
El proyecto se ha activado tras varios meses de coordinación técnica con el Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada, responsable del diseño metodológico y la planificación científica del estudio. Los trabajos de campo ya han comenzado, según informó la dirección del centro, que ha remitido a los empleados una nota explicativa acompañada de documentación sobre los efectos del radón y un apartado de preguntas frecuentes.
Las mediciones se llevan a cabo en cumplimiento del Real Decreto 1029/2022 y de la Instrucción IS-47/2025 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que obligan a evaluar la presencia de este gas radiactivo en todos los centros de trabajo situados en planta baja o bajo rasante dentro de los denominados “municipios de actuación prioritaria”.
Ceuta está incluida en el Mapa de Potencial de Radón de España como una zona de riesgo medio-alto (Zona II), debido a las características geológicas de su suelo. Esta clasificación se basa en mediciones reales obtenidas en viviendas de todo el país y en modelos elaborados por el CSN sobre el comportamiento de este gas.
Para realizar el estudio se han instalado un total de 34 detectores pasivos de trazas sólidas tipo CR-39 en distintas dependencias del centro penitenciario. Su ubicación ha seguido las directrices técnicas establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear, priorizando las áreas con mayor presencia de personal durante la jornada laboral.
Las muestras recogidas serán analizadas por el Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria (LaRUC), considerado centro de referencia nacional y primer laboratorio acreditado en España para la calibración y control del radón. Una vez finalizado el periodo de exposición, se emitirán los informes con los resultados obtenidos.
En caso de que alguna de las zonas evaluadas supere el nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico, la normativa obliga a que intervenga una Unidad Técnica de Protección Radiológica, encargada de llevar a cabo una evaluación específica y supervisar la aplicación de medidas correctoras.
Fuentes del centro señalan que el objetivo principal de esta actuación es reforzar la seguridad y salud laboral mediante un diagnóstico preciso y avalado científicamente, en línea con los estándares estatales de protección frente a radiaciones ionizantes.
Esta iniciativa marca un precedente en la Ciudad Autónoma y podría servir de modelo para otras administraciones y empresas situadas en zonas catalogadas como prioritarias. Con ello, la prisión de Ceuta se sitúa a la vanguardia local en la prevención frente al radón, un gas natural cuyo control es ahora una obligación legal en España.
