El Ministerio de Juventud e Infancia, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, ha puesto en marcha oficialmente el Buzón de las personas becarias. Esta nueva herramienta permitirá recoger denuncias de forma anónima sobre malas prácticas y abusos en el ámbito empresarial, dándoles traslado inmediato a la Inspección de Trabajo para su investigación.
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La presentación de este instrumento ha tenido lugar en una jornada presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y clausurada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El lanzamiento coincide con la tramitación del nuevo Estatuto de las personas en formación práctica, que será aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Actuación inmediata contra la explotación disfrazada de experiencia
A pesar de que el Estatuto inicia ahora su andadura en el Consejo de Ministros, Sira Rego ha subrayado que el buzón arranca de forma inmediata. Según la ministra, existe ya legislación suficiente para que la Inspección de Trabajo actúe ante casos de fraude, como el uso de becas para sustituir puestos de trabajo estructurales o la realización de tareas sin la debida remuneración ni protección social.
La responsable de Juventud ha insistido en la necesidad de terminar con décadas de tolerancia hacia prácticas de explotación laboral camufladas bajo el concepto de «adquisición de experiencia». Datos de la Encuesta de Juventud 2023 avalan esta medida, revelando que el 42% de los jóvenes afirma haber sufrido situaciones de abuso, como trabajar sin contrato o ejercer como falsos autónomos.
Garantías de anonimato y apoyo institucional
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la gestión de este buzón a través del Instituto de la Juventud ofrece todas las garantías necesarias para que los afectados denuncien sin miedo a represalias. Díaz ha hecho un llamamiento directo a los jóvenes para que utilicen las redes sociales y este nuevo canal para visibilizar y erradicar las irregularidades en sus centros de prácticas.
El objetivo central de la medida es desligar claramente las relaciones laborales de las actividades formativas, garantizando que quienes realizan prácticas tengan derechos reconocidos y estén amparados por convenios colectivos.
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El nuevo Estatuto y su régimen sancionador
El despliegue de este buzón es el preámbulo a la aprobación del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral. Este texto legal establece puntos clave como la compensación obligatoria de gastos para los estudiantes y el derecho a vacaciones.
Para asegurar su cumplimiento, la normativa incorpora un estricto régimen sancionador. Las empresas que incumplan las condiciones de las prácticas podrán enfrentarse a multas que oscilan entre los 70 euros, para las infracciones más leves, y los 225.018 euros en los casos más graves de fraude y abuso laboral.
