Según el partido localista liderado por Fatima Hamed, el Juzgado anula las certificaciones que reducían los importes por no efectuarse las tareas
Según informa el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), la encargada de la Hacienda Local ha ordenado el pago de 2.732.788,13 euros a la empresa adjudicataria del contrato de “gestión del servicio público de limpieza viaria y de recogida de residuos domésticos” dando cumplimiento a la sentencia 00117/2021 «al no admitir el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad la reducción de las certificaciones que se hicieron por no realizar las tareas asignadas en el plan de servicio».
Desde el MDyC entienden «que esta nueva condena muestra la incapacidad de la encargada de la Hacienda Local para gestionar la administración pública», y señala que la ha llevado a resolver el contrato por causas imputables a la administración, «admitiendo la nefasta gestión y culpabilizando a la institución de su ineptitud para afrontar la ejecución de un simple contrato». Para el partido localista, esta condena «amplía las razones para exigir su cese, ya que la palabra dimisión no se incluye en su vocabulario«.
Para Hamed, «desde que el Desgobierno del Sr. Vivas aprobara los pliegos técnicos y los administrativos de este contrato, han sido incapaces de mantener un nivel de calidad mínimo en la limpieza de la ciudad, reduciendo el número de operarios que empleaban los dos adjudicatarios anteriores (Urbaser y Contenur) y derrochando los fondos públicos en un servicio que nunca ha cubierto las necesidades de nuestro ayuntamiento».
El grupo parlamentario califica como «incomprensible» que el ahora director del servicio señale que “no queda (…) suficientemente acreditado que el concesionario haya incumplido sus obligaciones en lo referente a personal adscrito al contrato durante el periodo comprendido entre junio de 2017 y agosto de 2018”, señalando que «este motivo fue el que provocó la reducción de las certificaciones al no realizarse las tareas asignadas en el Plan de Servicios existentes en ese momento». «Desde el MDyC nos preguntamos qué intereses se defienden cuando se admiten estos cambios de parecer, dejando en entredicho a los técnicos de la casa que en su momento denunciaron, no solo que se empleaban a menos operarios de los que decía el plan, sino que las tareas no se realizaban, tal como manifiestan los informes de los mismos en esas fechas», manifiestan desde la formación política.
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Puesto que la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo «retrotrae» las actuaciones a dar audiencia al concesionario para alegar sobre las detracciones de las certificaciones por no emplear a los trabajadores asignados pues según el juez “el coste de este contrato viene determinado en gran medida por los medios personales empleados”. Por ello, remarcan que para el Movimiento no se entiende que la nueva Dirección del Contrato «se desdiga de la falta de personal que llevaron a las deducciones».
Desde el Movimiento exigen que se defiendan los intereses generales de Ceuta, «sin ceder a las presiones de los adjudicatarios de los contratos, el ejecutivo local debe estar al servicio de la ciudadanía, no ceder a los intereses de su partido y del que le da apoyo, que solo buscan mantenerse en sus poltronas a través del mercadeo de los puestos de trabajo, que deben ser para todos en una bolsa de trabajo abierta a todos los ceutíes, no a unos cuantos elegidos por los dedos de los nuevos dioses».
