Más de veinte ONG denuncian la existencia de redes de extorsión que se lucran con las barreras administrativas de los ayuntamientos. Alertan de un «apartheid suave» que deja a miles de personas sin acceso a médicos, colegios o ayudas básicas.
Un informe de 97 páginas elaborado por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho ha puesto al descubierto una realidad alarmante en España: el nacimiento de un mercado negro que trafica con el padrón municipal. Organizaciones como Oxfam, Red Acoge y Médicos del Mundo denuncian que las dificultades impuestas por los ayuntamientos para empadronarse están forzando a los colectivos más vulnerables —migrantes y personas sin hogar— a pagar cuotas desorbitadas a redes organizadas para poder existir administrativamente.
Redes de extorsión y anuncios camuflados
El informe detalla cómo los captadores utilizan plataformas de compraventa de segunda mano e internet para ofrecer habitaciones con «derecho a padrón». Los precios por esta gestión ilegal oscilan según la ciudad y la urgencia, llegando a alcanzar los 500 euros.
La situación no termina con el pago inicial. Las ONG advierten de casos de extorsión continua, donde se establecen cuotas de renovación bajo la amenaza de dar de baja al residente en el sistema, lo que le haría perder su antigüedad y sus derechos acumulados. Es lo que el documento define como un «círculo vicioso de necesidad y oportunismo» que afecta especialmente a Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Consecuencias de un «apartheid suave»
Carecer de empadronamiento no es solo un problema burocrático; es un muro que separa a los ciudadanos en dos categorías. Según las organizaciones, esta exclusión genera graves deficiencias en el sistema de bienestar:
- Salud Pública: Médicos del Mundo ha atendido a 28.700 personas con obstáculos para acceder a la sanidad, incluyendo a casi 900 niños y 363 mujeres embarazadas.
- Vivienda y Educación: La falta de padrón impide acceder al mercado formal del alquiler y dificulta la escolarización de menores.
- Invisibilidad Jurídica: Sin este documento, los migrantes no pueden demostrar el arraigo necesario para regularizar su situación, lo que les empuja a la economía sumergida y les impide denunciar si son víctimas de un delito por miedo a la expulsión.
Ayuntamientos bajo sospecha
Las ONG señalan directamente a la gestión municipal como causante indirecta de este mercado negro. Denuncian que muchos consistorios «desinforman deliberadamente» y exigen requisitos que no están en la ley, como escrituras de propiedad, o se niegan a tramitar el empadronamiento en «domicilios ficticios», una opción legalmente prevista para personas sin techo.
Además, critican las «verificaciones policiales intrusivas» y la saturación de citas, barreras que disuaden a los más vulnerables de realizar el trámite por cauces oficiales.
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Un llamamiento a la acción
Para frenar este negocio ilícito y garantizar los derechos humanos, la Coordinadora reclama medidas urgentes al Gobierno y a las comunidades autónomas:
- Creación de un Observatorio del Empadronamiento para vigilar las prácticas municipales.
- Acción policial contundente contra las redes que se lucran con la venta de registros.
- Establecer mecanismos sancionadores efectivos para aquellos ayuntamientos que incumplan la normativa vigente.
- Campañas de información para dar a conocer el derecho al padrón independientemente de la situación habitacional.
«Se alimenta la prosperidad con su trabajo mientras se les niega el reconocimiento social y jurídico», concluye el informe, que exige acabar con una práctica que condena a miles de residentes a la clandestinidad dentro de su propia ciudad.
