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La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias denuncia como injustificable la exclusión de donanemab del Sistema Nacional de Salud, un tratamiento avalado por la EMA que retrasa de forma significativa la evolución de la enfermedad.
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La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios (CIPM), órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, ha resuelto no financiar en el Sistema Nacional de Salud el fármaco Kisunla® (donanemab). Este tratamiento es el primero y único que ha demostrado capacidad para modificar el curso clínico de la enfermedad de Alzheimer, estando específicamente indicado para pacientes adultos en fase sintomática temprana, es decir, con deterioro cognitivo leve o demencia leve. La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha calificado la decisión, adoptada en la reunión del pasado 15 de julio de 2026, de «injustificable» y advierte de que la medida deja sin alternativas terapéuticas públicas a miles de personas en España.
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La evidencia científica del tratamiento desarrollado por Lilly
El fármaco donanemab representa el resultado de más de 35 años de investigación científica desarrollados por la compañía farmacéutica Lilly. A diferencia de las terapias tradicionales empleadas en el abordaje de esta demencia, que se limitan a paliar la sintomatología de forma temporal, este anticuerpo monoclonal destaca por modificar el curso de la patología. Asimismo, cuenta con evidencia científica que avala la conclusión definitiva del tratamiento una vez que se ha conseguido eliminar las placas de amiloide acumuladas en el cerebro de los pacientes.
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Los datos clínicos obtenidos en la población europea demuestran la efectividad de la molécula durante las fases iniciales de la enfermedad:
- Progresión clínica: Donanemab consigue reducir en un 38% el riesgo de progresión del paciente hacia el siguiente estadio clínico de la enfermedad en comparación con el uso de placebo.
- Evolución de la demencia: El tratamiento reduce en un 48% el riesgo de que el afectado evolucione hacia una situación de demencia moderada frente a los pacientes que no reciben la terapia.
A pesar de contar con el aval científico de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y de estar disponible en más de medio centenar de países —así como en la sanidad privada en España—, la resolución del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas restringe el acceso a este avance en la sanidad pública. Desde la confederación de pacientes denuncian que la decisión no cuestiona la validez de la evidencia científica del fármaco, sino que impide que los neurólogos y especialistas de la sanidad pública española puedan prescribirlo a aquellos pacientes que cumplen con los criterios clínicos requeridos.
Consecuencias familiares y el impacto en el sistema de dependencia
Las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas advierten de que la resolución tiene un efecto inmediato e irreversible sobre una generación de personas enfermas. Debido al carácter degenerativo del alzhéimer, el transcurso del tiempo determina que nuevos pacientes dejen de cumplir de forma definitiva los estrictos criterios clínicos exigidos para poder beneficiarse de este tratamiento temprano, perdiendo la oportunidad de ralentizar la pérdida de memoria y autonomía.
Por otra parte, desde CEAFA rebaten los argumentos económicos que sostienen la negativa a la financiación pública. El colectivo de familiares expone que la atención a una persona en fase avanzada de alzhéimer genera un coste medio estimado de cerca de 30.000 euros anuales para las familias españolas, quienes actualmente asumen aproximadamente el 80% del impacto financiero total de la enfermedad ante la situación de colapso crónico que sufre el sistema público de dependencia. En este sentido, la confederación argumenta que no financiar la terapia en el estadio temprano no supone un ahorro real de recursos públicos para el Estado, sino que desplaza de forma directa la carga económica hacia las fases posteriores y más graves de la enfermedad, momento en el que la dependencia y los costes sociales y sanitarios asociados son significativamente superiores.
Una decisión que rompe el consenso técnico y social
La resolución de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos se produce tras meses de trabajo conjunto entre el tejido asociativo y diversas sociedades científicas. Durante este periodo, se mantuvieron reuniones de trabajo con ministerios, grupos parlamentarios, autonomías y responsables del sector sanitario para diseñar propuestas que garantizaran una incorporación planificada, equitativa y con rigor científico de estas terapias innovadoras en el Sistema Nacional de Salud. Este proceso de preparación llegó a contar con el respaldo expreso del Ministerio de Industria y Turismo, que reconoció la importancia estratégica de facilitar la implantación de estas innovaciones biomédicas en el país.
Para los investigadores y profesionales del sector sanitario, la negativa de la Administración envía un mensaje desincentivador a la comunidad científica. Señalan que tras años de inversión de recursos y esfuerzos destinados a encontrar tratamientos efectivos contra el alzhéimer, se impide que los resultados de la investigación traslacional alcancen a los pacientes del sistema público de salud cuando la ciencia finalmente ha cumplido su objetivo.
